Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta

Esta semana, durante un contacto casual con la prensa en un balneario de Mar del Plata, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, rompió el silencio y, aunque de manera elusiva e indirecta, se refirió por primera vez al escándalo judicial que lo salpica. Con tono relajado y desestimando como “mediáticas” las acusaciones que llueven contra él, dijo estar “tranquilo” porque, aclaró, “no está imputado”.

Sin embargo, una causa abierta a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo contradice.

A fines del año pasado, el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente a Tapia, a Pablo Toviggino y a otros directivos de la AFA por la presunta retención indebida de aportes previsionales, contribuciones a la seguridad social, IVA e Impuesto a las Ganancias, que deberían haber ingresado al fisco en tiempo y forma, pero que —según la denuncia— nunca llegaron a los organismos públicos correspondientes.

La cifra bajo investigación supera los 19.000 millones de pesos.

En la imputación se advierte que, si bien ARCA había denunciado a Tapia “como responsable de las maniobras descriptas” en su carácter de presidente de la AFA y “administrador de clave fiscal”, la “estructura societaria” de la entidad exige extender la investigación a “los otros integrantes de la comisión directiva”.

En ese sentido, el dictamen del fiscal nombra, junto a Tapia y Toviggino, a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Roberto Lorenzo, integrantes de la comisión directiva de la AFA.

Según ARCA, la AFA, como agente de retención, tenía la obligación legal de depositar dentro de los plazos establecidos los montos descontados por contribuciones a la seguridad social y tributos directos e indirectos, tanto de sus empleados como de los trabajadores de los clubes afiliados.

La denuncia sostiene que la entidad no cumplió con esas obligaciones, incurriendo en delitos tipificados en la normativa penal tributaria argentina.

El expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien ya empezó a recibir respuestas a sus pedidos de información por parte de bancos, organismos públicos y entidades estatales.

Entre los requerimientos que ya fueron respondidos figuran informes bancarios solicitados a diversas entidades financieras donde operaba la AFA, con datos sobre movimientos de cuentas, saldos y transferencias; datos fiscales y tributarios provistos por la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la propia ARCA; y reportes sobre ingresos por venta de entradas, derechos televisivos, transferencias de futbolistas y otros rubros que forman parte del esquema de financiación de la AFA.

Estas respuestas son claves para establecer si la retención de aportes y tributos fue efectiva, si hubo omisiones o irregularidades formales, o si existió una conducta deliberada para postergar o evadir los pagos.

Un dato clave es que el juez habilitó la feria judicial de enero para avanzar en una causa que considera prioritaria.

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