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El conflicto en el transporte público de pasajeros en la zona sur del Conurbano Bonaerense alcanzó un nuevo pico de tensión este lunes, cuando un grupo de choferes de la empresa San Juan Bautista decidió bloquear el acceso a la cabecera principal de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA). La medida de fuerza, motivada por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de enero, paralizó el movimiento en la base operativa ubicada sobre la avenida 14, afectando de manera directa la prestación de servicios esenciales que conectan a Quilmes con los distritos vecinos de Berazategui y Florencio Varela.
La protesta consistió en el bloqueo sistemático del ingreso y egreso de unidades, impidiendo que las líneas controladas por el grupo MOQSA, entre las que se encuentran la 159, 219 y 603, pudieran cumplir con sus recorridos habituales. Durante la jornada, se registraron escenas de alta tensión con la quema de cubiertas y movimientos de unidades de la línea 500 en el playón trasero de la zona de Rigolleau, mientras los trabajadores mantenían firme la postura de no liberar la salida de coches hasta obtener respuestas concretas sobre sus haberes. Esta situación dejó a miles de usuarios sin un servicio continuo, agravando el aislamiento de vastos sectores de la región.
Este escenario se suma a la paralización total que ya venían sosteniendo los conductores de la empresa El Nuevo Halcón, responsable de la línea 148, lo que generó un "efecto dominó" en el transporte regional. Los vecinos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui enfrentan trastornos diarios ante la imposibilidad de utilizar estos medios de transporte para acudir a sus empleos o centros de estudio. La desconexión afecta particularmente a quienes no cuentan con recursos para costear servicios de transporte privado, como remises o aplicaciones, quedando aislados en sus barrios o dependiendo de caminatas extensas para buscar empalmes con otros medios de transporte.
En el marco institucional, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó una reunión con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y delegados de la empresa San Juan Bautista S.A. para intentar destrabar la crisis. El encuentro, del que también participaron funcionarios municipales como Christian Rodríguez, se centró en la difícil situación financiera de la firma, que además de incumplir con el pago de sueldos, presenta deficiencias en la calidad del servicio. La gestión se desarrolla bajo el amparo del Estado de Emergencia del Transporte Público, una medida decretada recientemente para buscar alternativas legales y operativas ante la crisis.
La profundidad del conflicto ha dado lugar a versiones sobre posibles cambios en las concesiones. En los últimos días, trascendió que empresas con presencia territorial, como Primera Junta y Microómnibus La Colorada (líneas 324 y 178), podrían tener la capacidad de absorber los recorridos afectados en caso de que la situación no se normalice. No obstante, hasta el momento no se han formalizado convenios al respecto y la incertidumbre continúa reinando entre los trabajadores y los pasajeros.
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