Otro escándalo sacude a la Legislatura bonaerense: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual

Otro escándalo sacude a la Legislatura bonaerense, en medio de la investigación que sigue en curso en la Justicia por dos empleados que están detenidos por múltiples abusos sexuales y a quienes se los marca como líderes de la secta denominada "La Orden de la Luz". Ahora salió a la luz el caso de una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual, acoso laboral y amenazas dentro del ámbito del Senado, hechos que derivaron en una investigación judicial y en la adopción de medidas cautelares urgentes para resguardar su integridad física y psicológica.

Según relató en la denuncia que presentó en 2024, y por la que días atrás la Justicia ordenó una perimetral, los episodios ocurrieron en el marco de su relación laboral y que el acusado se desempeñaba como jefe de mantenimiento y ocupaba además un rol gremial dentro del organismo. Según consta en la presentación judicial a la que accedió EL DIA, el denunciado habría ejercido su posición de poder para cometer distintos actos de violencia sexual y hostigamiento, tanto contra ella como contra otras trabajadoras.

De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, el hecho más grave se habría producido durante la primera semana de enero de 2022, cuando la mujer se encontraba trabajando en su oficina. En ese contexto, el acusado habría realizado comentarios de índole sexual y posteriormente intentado forzar un contacto físico no consentido. La víctima logró resistirse y evitar que el ataque se consumara.

La denuncia también menciona antecedentes de acoso hacia otras empleadas del lugar, presuntas amenazas para impedir que avanzaran con denuncias formales y un clima laboral marcado por el miedo, la presión gremial y la impunidad. En ese marco, se describe un patrón de violencia institucional que habría obstaculizado durante años la posibilidad de acudir a la Justicia sin represalias.

La mujer explicó que no había denunciado antes por el hostigamiento laboral y por una situación personal de extrema vulnerabilidad: durante ese período su esposo atravesaba una grave enfermedad, lo que la llevó a postergar cualquier acción judicial. Tras su fallecimiento y luego de atravesar el duelo, decidió finalmente avanzar con la denuncia.

Perimetral, seguridad y botón antipánico

A raíz de la presentación, la Justicia consideró acreditado el riesgo y en enero resolvió dictar una serie de medidas cautelares. Entre ellas, se ordenó una prohibición de acercamiento, perturbación y hostigamiento del denunciado hacia la víctima por un plazo de 60 días. Además, se dispuso un refuerzo del patrullaje policial en el domicilio de la mujer, la entrega de un botón antipánico y la intervención de organismos especializados en asistencia a víctimas de violencia de género.

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La resolución judicial también prevé la elaboración de informes sociales y psicológicos, así como el seguimiento por parte de equipos interdisciplinarios para evitar situaciones de revictimización. Finalizado el plazo de la medida, la Fiscalía deberá evaluar su eventual renovación.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la denunciante fue reconocida como particular damnificada en el proceso.

El escándalo de la "secta"

Tal como viene informando EL DIA, otro escándalo sacude a la Legislatura. Se trata del caso en el que la Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, la pareja vinculada a una agrupación política y empleada en el Senado bonaerense.

La investigación judicial sostiene que los detenidos lideraban una estructura con tintes mesiánicos denominada "La Orden de la Luz". Bajo este ardid, captaban a jóvenes de entre 18 y 25 años con promesas de contratos laborales y pasantías en la Legislatura bonaerense. Una vez dentro del círculo de confianza, las víctimas sufrían manipulaciones psicológicas, coacciones y agresiones sexuales, incluso dentro de dependencias oficiales como la oficina 007 del Senado.

Según se pudo conocer, ahora el juez de garantías Juan Pablo Masi resolvió que pasen a una cárcel común. La decisión se tomó luego del testimonio de las víctimas en una audiencia clave. A partir de estos relatos, el magistrado decidió ampliar la calificación legal contra Rodríguez y Silva Muñoz, quienes enfrentan cargos por abusos sexuales contra militantes y trabajadoras de la Legislatura. La nueva imputación incluye el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño causado en la salud mental de las damnificadas, el uso de armas y la participación de dos personas en los hechos".

Este agravante por daño psicológico no formaba parte del pedido inicial de la fiscal Betina Lacki, quien aguardaba los resultados de las pericias oficiales. Sin embargo, el juez consideró que el testimonio directo de las mujeres resultó prueba suficiente para recrudecer la acusación de forma inmediata.

Para justificar la continuidad de la detención en una cárcel, el magistrado subrayó la gravedad de los delitos y el peligro de que los acusados entorpezcan la causa en libertad. La Justicia detectó además maniobras de amedrentamiento, como el envío de correos electrónicos con amenazas sobrenaturales y de muerte hacia los familiares de quienes intentaron romper el silencio. Con esta medida, Rodríguez y Silva Muñoz permanecerán bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense mientras avanza la instrucción de un caso que sacude los cimientos del poder político provincial.