Seguridad bancaria: tras el caso Piparo se avanzó poco

EL ASALTO A CAROLINA PÍPARO CONMOCIONÓ A LA SOCIEDAD E IMPULSÓ LA SANCIÓN DE UNA LEY DE SEGURIDAD BANCARIA, EN 2010, QUE SÓLO SE CUMPLE PARCIALMENTE

La salidera bancaria que tuvo como víctima a Carolina Piparo y que culminó con la muerte de su hijo Isidro conmocionó al país entero y puso en el tapete, como nunca antes, el problema de la seguridad bancaria. A pocos meses de ocurrido el caso se sancionó una nueva ley, la 26.637, que fue aprobada en setiembre de 2010 y reglamentada en enero de 2011. Ahora, cuando está a punto de conocerse el veredicto del caso, previsto para mañana, surge la pregunta obligada; ¿qué cosas cambiaron en la seguridad de los bancos a partir del trágico hecho y de la sanción de la ley?

Las opiniones, en este sentido, son coincidentes: si bien la cantidad de salideras bancarias se redujo drásticamente si se compara el momento en que se produjo el caso con la actualidad, la seguridad bancaria sigue siendo cuestionada. Se destaca que a más de dos años de su sanción la norma sólo se cumple parcialmente y que aunque se cumpliera a rajatabla tampoco sería suficiente para paliar el accionar de una delincuencia que cambia sus modos de operar y utiliza tecnologías cada vez más sofisticadas.

Cuando se produjo el caso Piparo, las salideras bancarias representaban un delito frecuente, pero aún así, nadie llevaba una estadística para saber cuántas eran o para comparar su evolución de año en año. Ese fue uno de los elementos que cambió después del resonante caso ocurrido en La Plata y actualmente se cuenta con una estadística de este tipo específico de delito, según indicó a este diario el diputado nacional Gerardo Milman, impulsor de la ley de seguridad bancaria sancionada en 2010.

Milman indica que la cantidad de salideras disminuyó en un 67% desde 2010 hasta hoy: cuando se produjo el caso Piparo se registraban alrededor de 27 delitos de este tipo por día en la Argentina. Los registros actuales hablan de 8 diarios en todo el país.

Con todo, Millman considera que la situación sigue siendo preocupante. Dice que la ley, que había sido presentada mucho antes del caso Piparo y que se aprobó recién cuando la trágica salidera había impactado de lleno en la opinión pública, hoy sólo se cumple en parte.

“La única medida que se instaló mayoritariamente es la que exige tener mamparas en la línea de cajas. Pero aún en el caso de estos elementos no se cumple con todas las sugerencias previstas por la Ley. Por ejemplo, una circular difundida hace unos 20 días por el Banco Central habla de que las mamparas deben ser circulares y no perpendiculares como sucede en la actualidad en la mayoría de los bancos. Así no se impide que los clientes sean vistos desde cajas contiguas”, indica el legislador.

La colocación de mamparas tiene por objeto que los clientes puedan realizar transacciones sin estar a al vista del resto de las personas presentes en la entidad.

Otro problema que se registra relacionado con estos elementos en algunos bancos es que, aunque las mamparas cumplen con los requisitos, los logos translúcidos de las entidades permiten ver a los clientes en el momento de hacer las operaciones.

Si esto sucede en el caso de las mamparas, el elemento adoptado masivamente por los bancos después del impacto producido por el caso Piparo, las cosas son todavía más problemáticas con otras de las disposiciones contempladas por la nueva ley de seguridad bancaria sancionada en 2010, que nunca se cumplieron.

En el renglón del debe se ubican, por ejemplo, los inhibidores de celulares, que a pesar de estar contemplados en la legislación, nunca se implementaron.

La función de estos elementos es evitar que alguien pueda informar desde adentro de una sucursal bancaria sobre los clientes que realizan operaciones en efectivo.

Según destacan los especialistas, esto nunca se puso en práctica, aunque continúa la prohibición del uso de celular dentro de los bancos y el control de esa medida recae en el personal de seguridad de cada banco. Una medida que ya se tomaba desde antes del caso Piparo.

El uso de los inhibidores fue polémico desde que la ley se reglamentó, cuatro meses después de haber sido sancionada. La razón de la controversia es que desde el Banco Central se consideró que no está demostrada la inocuidad de este tipo de sistema sobre la salud de las personas y que, de ser utilizados, no se podía asegurar que no afectarían el normal funcionamiento de las actividades de terceros.

Ante esta situación se propusieron dos modos alternativos de controlar los celulares en los bancos: a través del uso de bolsas con precintos, en las cuales los clientes tenían que poner el teléfono hasta el momento de retirarse de la sucursal o el uso de lockers.

Ninguno de los dos prosperó y para Milman, eran inaplicables. El autor de la ley sigue pensando que los inhibidores deberían aplicarse, “porque está probado que no representan un problema para la salud, no afecta a actividades de terceros y tiene un costo relativamente bajo”.

Actualmente, equipos de este tipo se utilizan en una unidad penitenciaria de Córdoba para prevenir secuestros virtuales y en una iglesia de Rosario para impedir que los teléfonos móviles interrumpan la misa.

Otra de las medidas establecidas por la ley que actualmente no se aplica es la que habla de blindar y proteger las cajas de seguridad de los clientes, a pesar de que se vencieron los plazos para ponerla en práctica.

Según los datos manejados por La Defensoría del Cliente Bancario de la Ciudad de Buenos Aires a través de una serie de relevamientos que buscaban saber qué se había cumplido de lo previsto por la ley en esa ciudad, la mayoría de los bancos cumplían con las mamparas, en tanto el control de los celulares dependía del personal de seguridad de cada banco y también se cumplía, aunque de esa manera y no mediante los inhibidores establecidos por la ley. Del mismo modo detectaron que no se cumplía en la mayoría de los bancos con los cambios en las cajas de seguridad.

Este cuadro de situación está lejos de disipar las preocupaciones. “Los bancos siguen siendo inseguros y las normativas de seguridad van siempre por detrás de los delincuentes que cambia y adapta sus tácticas y estrategias, su forma de operar. Espero que este juicio ayude a tomar conciencia a las personas que tienen el poder de decisión de que las cosas en este terreno tienen que cambiar, de una vez y para siempre”, indicó el fiscal del juicio del caso Piparo, Marcelo Romero.

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