Vidal busca enfriar la polémica por el aborto

La gobernadora María Eugenia Vidal buscó ayer bajarle el tono a la creciente polémica que se generó tras el protocolo elaborado por el ministerio de Salud para atender casos de abortos no punibles en la Provincia.

Con la idea de calmar las aguas en medio de las críticas que surgieron desde la Iglesia y los cuestionamientos internos generados en su propio gabinete hacia la ministra Zulma Ortiz, la mandataria explicó que su distrito no adherirá a la normativa nacional sobre interrupción del embarazo porque la provincia de Buenos Aires “ya tiene un protocolo” para la instrumentación del aborto no punible que “representa estrictamente” lo fijado por la Corte Suprema de Justicia.

“Este protocolo está vigente”, respondió la mandataria provincial cuando fue consultada sobre la no adhesión de la provincia de Buenos Aires al protocolo nacional.

En este sentido, sostuvo que el distrito “ya tiene un protocolo” que viene de la gestión de Daniel Scioli y remarcó que esa normativa representa “estrictamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

En este marco, destacó la necesidad de “darle intervención al área de Niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia, y a la Justicia para evitar la judicialización” de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles.

“Mientras esas tres áreas intervienen, el protocolo está vigente. Un director de un hospital público está obligado a aplicar ese protocolo de acuerdo a esa normas”, subrayó la gobernadora.

RUMORES

En medio de los chisporroteos, ayer recrudecieron los rumores sobre un posible alejamiento de Ortiz, aunque en fuentes oficiales se lo descartó. Trascendió incluso que Vidal se reunió con la ministra en busca de limar asperezas, mientras se abría una danza de nombres que incluia desde el intendente peronista IsmaEl Passaglia hasta el de Andrés Scarsi, jefe de Gabinete de la cartera sanitaria

La semana pasada, el ministerio de Salud bonaerense había dado cuenta de la adhesión al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE) que elaboró Nación el año pasado.

De esta forma, la provincia de Buenos Aires se iba a sumar a otras ocho jurisdicciones –Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– donde ya rige el protocolo.

Sin embargo, Vidal decidió que esta adhesión no se produzca, argumentando que la provincia ya tiene su propio protocolo.

Pero en rigor, la adhesión había despertado cuestionamientos de la Iglesia y fisuras en su propio equipo de gobierno. De hecho, trascendió, funcionarios como Joaquín De la Torre (ministro de la Producción) y Julio Conte Grand (secretario de Legal y Técnica), cuestionaban severamente la decisión de Ortiz. Ambos tienen fuertes vínculos con la Iglesia.

Ortiz impulsaba sumar a la Provincia a una normativa nacional del año 2015 donde se establecen los pasos a seguir en hospitales y clínicas privadas para asistir a mujeres que podían abortar amparadas por el Código Penal y el nuevo Código Civil. Esta disposición a la que adhirieron otras provincias, habilita a interrumpir la gestación a mujeres violadas y en los casos en que esté en riesgo serio la vida de la madre.

Un fallo de la Corte Suprema había ordenado no judicializar estos episodios y solicitaba a los establecimientos asistenciales “garantizar una práctica segura y de calidad”.

A ese protocolo pretendía adherir Ortiz. Pero Vidal decidió frenar su aplicación y volver a estudiar el tema con la intervención de otros organismos estatales.