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El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, volvió a hablar de otro “tarifazo” durante la audiencia pública de ayer
Las empresas Edenor y Edesur, que distribuyen la energía en zonas del Gran Buenos Aires y capital federal, reclamaron ayer un ajuste tarifario cercano al 31 por ciento, sin impuestos, en las tarifas eléctrica y se comprometieron a realizar inversiones por unos 40.000 millones de pesos, en los próximos cinco años. Así lo expresaron los ejecutivos de ambas compañías, Ricardo Torres y Juan Carlos Blanco, quienes expusieron en la Audiencia Pública que se realizó en el Teatro de la Ribera, en donde coincidieron en señalar que “el atraso tarifario fue producto del congelamiento de los últimos años”.
Fue la primera audiencia por la tarifa de luz para el área metropolitana -en nuestra región ya se había realizado por el servicio de Edelap- y se escucharon casi 100 exposiciones que se sucedieron de forma expeditiva y sin sobresaltos. La jornada empezó puntual, 9.05, con un auditorio casi colmado. Duró casi 12 horas.
Torres propuso un incremento del 31 por ciento en la revisión tarifaria integral (RTI) y señaló también que debería actualizarse en un 15 por ciento adicional en el futuro, con lo que “para una familia tipo que consume 300 kilovatios hora por mes, la tarifa, que actualmente es de $241, pasaría a 317, con la propuesta de la RTI, y llegar a los $364 con la actualización” futura.
Blanco señaló que “la tarifa resultante para un consumo promedio de 200kw/hora, que es el de un cliente residencial promedio de Edesur, que actualmente estaría pagando $176, en la propuesta estaría pagando $206 y si la propuesta fuera actualizada llegaría a $228”. Y aclaró: “Esos valores siguen siendo inferiores a los que deben afrontar otros ciudadanos en el interior del país”.
Luego llegó el turno de los defensores del Pueblo y de las asociaciones de defensa al consumidor, quienes centraron sus exposiciones en el “pésimo” servicio que brindan las distribuidoras de luz y advirtieron que en verano “va a haber cortes” del suministro, por lo que pidieron que el ENRE “recupere su función de órgano de control”.
Entre los discursos de los defensores, se destacó el de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien reclamó que se cree “un consejo de control” de las empresas distribuidoras de luz con participación del ENRE, defensorías del Pueblo y asociaciones de defensa al consumidor, y pidió inversiones al advertir que “con pobreza energética no hay pobreza cero”.
La política la trajeron los intendentes peronistas de San Martín, Gabriel Katopodis, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que rechazaron los aumentos de la luz y criticaron al Gobierno.
Finalmente a Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) coincidieron en reconocer la necesidad de recomponer las tarifas del sector eléctrico pero cuestionaron el esquema presentado por Edenor y Edesur, al considerar que contienen un subsidio cruzado, del sector industrial al consumidor residencial.
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