Cristina se despegó de Báez y denunció “persecución política”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer que es víctima de una “persecución política y mediática”, negó ser “amiga o socia comercial” del detenido empresario Lázaro Báez e insistió con plantear la nulidad de la acusación, al declarar -sin responder preguntas- por presunto fraude en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

“No soy amiga ni socia comercial” de Báez, dijo Cristina al juez federal Julián Ercolini, en una exposición que duró media hora y en la que además denunció supuestas irregularidades en la licitación y financiación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, adjudicado a una unión de empresas que integra IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

La ex presidenta llegó a las 10.15 a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro y de inmediato subió al cuarto piso, sede del juzgado de Ercolini, donde ya la esperaban los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Al arribar e ingresar por una puerta lateral que linda con la sede del Correo Argentino, la ex Presidenta fue recibida por su abogado Carlos Beraldi y por el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.

Junto a ellos subió por un ascensor lateral al cuarto piso pero a la audiencia, en la que se negó a responder preguntas, ingresó junto a Beraldi, su abogado en la causa.

La ex presidenta se remitió a los argumentos dados cuando planteó la nulidad en un escrito entregado la semana pasada, rechazado por Ercolini, quien dilató la decisión para el momento de la indagatoria concretada ayer.

Según fuentes judiciales presentes en la audiencia, la ex Presidenta hizo una defensa política en la que aludió a la reasignación de fondos, al mecanismo de asignación de obra pública a cargo del Congreso Nacional y aludió a la figura de asociación ilícita que, dijo, pretende imputársele con una manera “que tenía la dictadura para perseguir líderes políticos”.

También reclamó que se ordene en la causa una “auditoría integral de la obra pública” para demostrar que no se favoreció a Báez por fuera de los parámetros legales.

EL SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO

Sobre IECSA y el soterramiento del Sarmiento, dijo -al igual que ya lo había planteado en su escrito la semana pasada- que el proyecto había sido aprobado en el gobierno anterior y que durante el macrismo se cambiaron los pliegos.

La ex Presidenta detalló que se preveía la intervención de fondos extranjeros en las obras pero que esto cambió y apareció el Estado Nacional con un aporte de 45 mil millones de pesos y con las obras adjudicadas a IECSA.

Ante esto los fiscales intervinieron para pedir al juez que abra una causa penal independiente para investigar los dichos de Kirchner.

Cristina se refirió durante su monólogo a una “persecución política mediática” como eje de la acusación en su contra, aludió a Juan Bautista Mahiques, en su condición del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y recordó que es hermano del fiscal Ignacio Mahiques, que lleva la causa Hotesur y estaba presente en el despacho de una secretaría del juzgado de Ercolini, donde se concretó el trámite.

También hizo referencia a la antigüedad de la denuncia en su contra desde que se presentó en el 2008 y a lo ocurrido durante dos gobiernos en ese lapso de tiempo.

LA AUDIENCIA

La audiencia se realizó en una secretaría del juzgado, Cristina se sentó de frente al juez y a su secretaria, escritorio por medio, y junto a su defensor Beraldi y los fiscales y sus secretarios se ubicaron a un costado del despacho.

Al llegar hubo saludos formales y la ex Presidenta saludó a los fiscales cuando éstos le extendieron la mano, sin mirarlos ni dirigirles la palabra.

La ex Presidenta habló alrededor de media hora, tomó agua que había llevado con ella y luego se dedicó a leer y corregir ella misma el acta que fue firmada.

La audiencia se extendió durante dos horas, pero por lo extenso de la acusación en su contra que se le leyó antes del inicio de su exposición, donde se le detallaron todas las obras públicas otorgadas a Báez y sus empresas en Santa Cruz y que están cuestionadas.