El acuerdo despeja dudas sobre la gobernabilidad

mariano spezzapria

Bien se podría decir que ayer concluyó el año político en la Argentina. El acuerdo entre el gobierno y la CGT para modificar el impuesto a las Ganancias se convirtió en el último mojón relevante de 2016, ya que afianza la gobernabilidad que había sido colocada entre signos de pregunta tras la avanzada opositora en el Congreso. Pero el diálogo multisectorial logró encarrilar la situación.

De hecho, esta misma tarde se registrará una imagen que buscará consolidar la idea de que el país no es ingobernable. Algunos de los principales funcionarios del gobierno, como Marcos Peña y Rogelio Frigerio, acudirán al Senado para sellar el acuerdo por Ganancias y se mostrarán junto a diputados y senadores opositores, así como también al triunvirato de la CGT y a gobernadores.

El mensaje que dará ese encuentro tendrá una lectura interna, vinculada al final de la transición política que significó el primer año de Cambiemos en el poder, pero también intentará despejar la incertidumbre que según el oficialismo provocó en el exterior la infrecuente reunión de los bloques opositores en la Cámara de Diputados para avanzar con un proyecto contra el gobierno.

En la oposición, claro está, el análisis que se hace es otro. En especial el massismo, que pasó de acordar con el kirchnerismo a negociar con el gobierno y facilitar el acuerdo con la CGT, se indicó que la iniciativa opositora consiguió que el oficialismo se viera obligado a debatir la modificación de Ganancias antes de terminar el año, pese a que su intención era estirar cualquier definición.

El acuerdo, que será votado por el Senado mañana y sancionado por Diputados el jueves, dejó otro aspecto para puntualizar: el kirchnerismo fue marginado de las negociaciones pese a que el ex ministro Kicillof fue uno de los autores del proyecto en la Cámara baja, que en definitiva se tomará como base para introducirle las modificaciones pactadas entre el gobierno y la CGT.

Esto es así porque los cambios impositivos deben comenzar a tratarse en la Cámara de Diputados, por lo cual en términos reglamentarios la iniciativa no puede iniciarse en el Senado porque incluirá un nuevo gravamen a la industria del juego para financiar –al menos en parte- el impacto fiscal que tendrán las arcas públicas nacionales y provinciales por recaudar menos de Ganancias.

El gobierno no aceptó, en cambio, reinstaurar las retenciones a la minería ni instaurar un impuesto a la renta financiera, como proponía buena parte de la oposición en medio de la discusión por Ganancias. En ese punto, la gestión de Cambiemos privilegió su estrategia de no alterar a los posibles inversores extranjeros a los que viene tratando de seducir desde que llegó al poder.

El triunvirato de la CGT tiene una visión distinta, más focalizada en el mercado interno. A tal punto que Daer, Schmid y Acuña piensan que los 400.000 asalariados que dejarán de pagar Ganancias como producto del acuerdo, volcarán esos recursos directamente al consumo, lo cual contribuirá con la reactivación de la economía. Pero la central obrera también tiene sus disputas internas.

De hecho, los gremios del sector del transporte llevaron a cabo ayer una medida de fuerza durante varias horas antes de sentarse a negociar con el gobierno. La CATT –que los nuclea- se convirtió así en el “brazo armado” de la CGT, pero no habría que entender que su postura estuvo cien por ciento coordinada con la mesa chica de la central obrera, donde las diferencias son manifiestas.

Así, quedó claro que Schmid –desde la CATT- tiene entre sus manos un poder de fuego superior al de Daer (Sanidad) y Acuña (Estacione de servicio), como también se ratificó que a la hora de presionar a los gobiernos, los gremios se miran al ombligo y soslayan los problemas que provocan los paros a los propios trabajadores, ya que los funcionarios no viajan en transporte público.

Con todo, el acuerdo alcanzado ayer no se agota solamente en la mesa de diálogo entre el gobierno y la CGT, sino que se trató de una discusión más amplia, que tuvo otros actores clave como los gobernadores provinciales, el senador justicialista Miguel Pichetto y el diputado Sergio Massa. Hasta el presidente Macri llegó a involucrarse personalmente en el debate público.

Finalmente todos ellos cedieron algo, una condición necesaria para sellar un acuerdo político. Entre hoy y el jueves será el turno del Congreso para ratificarlo.