Once: para jueces, funcionarios y empresarios formaron “empresa criminal”

El tribunal que juzgó a los acusados por la tragedia ferroviaria de Once consideró -en los fundamentos de la sentencia que dio a conocer hoy- que entre los empresarios y ex funcionarios que administraron los trenes metropolitanos hubo una “empresa criminal” que llevó al servicio a un “deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad”.

El abandono premeditado del mantenimiento del material rodante fue ideado por las empresas conducidas por Sergio Cirigliano pero contó con la “imprescindible colaboración” de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sostienen los fundamentos del fallo del juicio.

El 19 de diciembre pasado el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de la Ciudad condenó a 21 de los acusados por el choque de la formación “Chapa 16” contra el paragolpe de la terminal ferrroviaria de Once a penas de entre 3 y 9 años de prisión, por su responsabilidad en la tragedia que ocasionó 52 muertos y 789 heridos.

Las mayores penas las recibieron el ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y quien era secretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi, a quienes el TOF2 condenó a penas de 9 y 8 años de prisión, respectivamente, en tanto aplicó una penas de 6 años al anterior secretario, Ricardo Jaime.

El tribunal sentenció a los empresarios por el delito de “estrago culposo agravado” y a los ex funcionarios por los de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento.

La difusión de los fundamentos del fallo abre la etapa de las apelaciones, en principio ante la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia.

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Mientras, por no encontrarse firmes las sentencias, los 21 condenados seguirá en libertad, como llegaron al juicio.

En un fallo de 1.415 páginas se resume el accionar la responsabilidad de TBA, a la que el TOF2 define como una “canallesca política empresaria”.

Familiares de las víctimas manifestaron su satisfacción de que finalmente se hicieran públicos los fundamentos de la sentencia.

"Me parece que las palabras que utilizó el Tribunal para describir lo que quedó probado son contundentes, habla de 'intereses espurios' y de la 'necesidad de complicidad con funcionarios públicos'. Si bien todavía no leí completo el texto de los fundamentos, en principio estamos satisfechos de que este día haya llegado", manifestó María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, fallecido en el choque.

Los fundamentos señalan que TBA y la firma Cometrans “incumplieron los deberes a su cargo de administración y cuidado de los bienes públicos afectados al servicio ferroviario de la línea Sarmiento, según las obligaciones emergentes del contrato de concesión” de 1995.

“Dicha decisión empresarial, enmarcada en una deplorable estructura organizacional con intereses y objetivos espurios y ajenos al servicio público concesionado, se encontró evidentemente orientada a obtener una drástica rebaja de los recursos económicos que se destinaban a las reparaciones periódicas y mantenimiento diario del material rodante, generando una disminución de la vida útil del mismo, a los fines de procurar a su empresa controlante –Cometrans SA‐ un magnífico producto económico”, sostiene el fallo.

“Sería imposible pensar tamaña treta sin la imprescindible colaboración de los acusados Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes en sus respectivas gestiones a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de la operación del sistema de transporte ferroviario de pasajeros incluido, obviamente, la línea Sarmiento”, advirtió el tribunal oral.

El TOF2 consideró probado que ambos ex funcionarios "tenían acabado y pleno conocimiento del nefasto estado del material rodante como de la canallesca política empresaria que llevaba adelante la firma Trenes de Buenos Aires y, pese a todo, emplearon las artimañas burocráticas a su alcance para obturar toda posibilidad de que se adopte alguna medida para evitarlo”.

Asimismo, afirmó que está probado que Sergio Claudio Cirigliano y varios directivos de la empresa "tomaron la decisión de omitir realizar las tareas de mantenimiento a su cargo y sistemáticamente no ejecutaron los planes que en tal sentido se encontraban obligados a cumplir".

“Así, permitieron que la flota de material rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de confort y especialmente de seguridad en que se prestaba el servicio que, de por sí, produjo un incremento indebido del riesgo propio de una actividad particularmente riesgosa y específicamente reglamentada”, agregó.