Dilma acusa a la oposición de desestabilizar al gobierno

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró ayer su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el ex mandatario fuera trasladado por la fuerza a declarar el viernes pasado, y responsabilizó a la oposición por agravar la crisis política, mientras que la fiscalía analiza una acción que podría impedirle al líder del Partido de los Trabajadores (PT) ser candidato en los comicios de 2018, si se comprueba que mintió al negar la propiedad de varios inmuebles.

“Lula nunca creyó ser más que nadie... No tiene el menor sentido conducir a Lula por la fuerza”, afirmó Rousseff, durante un discurso pronunciado en la cuidad Caxias do Sul, en el estado de Río Grande do Sul. Como se dijo, Lula fue trasladado de forma coercitiva el viernes desde su departamento en la ciudad de San Bernardo do Campo, San Pablo, a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas.

Allí fue indagado durante más de tres horas sobre su presunta participación en la red de corrupción que salpica a la estatal Petrobras. También fueron allanados su domicilio particular y las oficinas del Instituto Lula, en el centro de San Pablo, una quinta y un departamento frente al mar en el interior paulista. Ayer trascendió que el ex mandatario, que, tras declarar, denunció haberse sentido “prisionero”, se resistió en un primer momento a ser llevado para el interrogatorio y señaló que sólo saldría de su casa esposado. Lula aceptó acatar la orden tras conversar por teléfono con su abogado, Roberto Teixeira. El juez Sergio Moro, responsable de la Operación Lava Jato -que investiga la red de corrupción en Petrobras- fue quien ordenó llevar a Lula a declarar, en base denuncias de los fiscales, quienes sostienen que hay “evidencias contundentes” de que Lula recibió “favores”, costosos regalos e inmuebles por parte de constructoras implicadas en la trama ilegal.

En este contexto, Rousseff responsabilizó a la oposición de agravar la crisis política con el fin de obligarla a dejar anticipadamente el gobierno, que concluye el 31 de diciembre de 2018, y opinó que los problemas políticos y económicos de Brasil son “provocados por aquellos que están disconformes” con la derrota sufrida en las elecciones de 2014 “y ahora quieren anticipar las elecciones”.

Por otra parte, la Fiscalía que analiza lo que Lula declaró el viernes, dejó trascender que evalúa abrir en su contra una acción civil que le impida ser candidato en los comicios de 2018. Los fiscales estiman que Lula puede ser imputado por “improbidad administrativa” por haber recibido apoyo económico ilegal de empresas constructoras antes de dejar el gobierno en 2010. Desde la Fiscalía se destacó que existen “indicios” sobre la relación de Lula con la organización delictiva que perpetró estafas millonarias contra Petrobras. También sobre la titularidad de Lula de un departamento en la playa de Guarujá y una quinta, que habrían sido adquiridas con el apoyo encubierto de grandes empresas envueltas en el caso que engloba todas las causas derivadas de la corrupción en la petrolera. Lula negó ser dueño del departamento y la quinta, pero de comprobarse que eso es falso sería causal para la acción civil que analiza promover el Ministerio Público. La pena por ese delito puede ser la anulación de los derechos políticos, incluso el de ser candidato, por hasta 10 años. Tras declaración ante la Justicia, Lula había anunciado su intención de ser candidato presidencial por sexta vez en los comicios de octubre de 2018.