Sobres en la Departamental: incorporan otra denuncia sobre la “caja negra” de la Policía

Luego del fallo de la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, que le puso un freno a la orden de detención contra cinco policías, que le había formulado la jueza de garantías Marcela Garmendia, en la causa que investiga una supuesta obtención ilegal de fondos en la Jefatura Departamental local, a partir de la aparente protección de distintas actividades ilícitas, el fiscal Marcelo Martini, que impulsó ese requerimiento, incorporó una nueva denuncia sobre la llamada “caja negra” de la Bonaerense.

Así lo confirmaron ayer a este diario calificadas fuentes de tribunales, quienes indicaron que la presentación, fechada el 2 de mayo pasado, refiere a un hecho presuntamente ocurrido el último 18 de abril.

Como se sabe, en esa fecha las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, que encabeza Cristian Ritondo, ya habían dispuesto el desplazamiento de todos los acusados, por lo que, de confirmarse la veracidad de los nuevos elementos incorporados al expediente, se estaría ante una práctica recaudatoria que, pese al enorme escándalo que provocó este caso en la Ciudad, seguiría vigente.

Cabe recordar que Martini, en su pedido de detención para los imputados, describió que “se encuentra legalmente acreditado en autos que al menos en el período comprendido entre los meses de diciembre del año 2015 y marzo del año 2016 un grupo de al menos cuatro personas, todos funcionarios policiales pertenecientes a la Jefatura Departamental La Plata, en forma organizada, conformaron una asociación delictiva destinada mancomunadamente a cometer ilícitos en perjuicio de distintas personas, siendo algunos de ellos comerciantes”.

De acuerdo a la resolución del titular de la UFI Nº 3, el circuito de recaudación tendría inicio en distintas seccionales platenses y, por la estructura piramidal que caracteriza a la fuerza, llegaría a los estratos más altos, donde, su posterior distribución, se haría en base a la jerarquía de los componentes.

“(...) abusando de su cargo, amparándose en su condición de pertenecer a las fuerzas de seguridad solicitaban y exigían indebidamente la entrega de sumas de dinero a distintos comerciantes de las zonas correspondientes a sus jurisdicciones para brindar seguridad o permitir la realización de actividades ilícitas como funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes”, expresó Martini.

El fiscal, como prueba de cargo, tomó en consideración las denuncias de dos comerciantes del Gran La Plata.

Una es la propietaria de una agencia de remises, a quien le habrían exigido la entrega de 300 pesos por semana para garantizar la seguridad de su comercio. Y el otro es el dueño de un supermercado, el que describió que esa sería una práctica habitual en su comercio, pero por un monto aún mayor: 1.000 pesos por semana.

LOS TERMINOS DE LA ACUSACION

Ante esta situación, Martini entendió configurados los delitos de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”, para cuatro de los involucrados, y de “encubrimiento agravado”, para el restante, por lo que pidió su detención, a lo que hizo lugar la jueza Garmendia.

Sin embargo, recurrida esa presentación por la defensa de los imputados, la causa llegó a la Sala III de la Cámara Penal, que con los votos de los jueces Carlos Silva Acevedo y Carlos Argüero, revocó ese decisorio (ver aparte).

Sobre el estado del presente proceso, un allegado a la pesquisa se contactó con EL DIA para expresar su malestar “por la falta de compromiso de algunos sectores de la Justicia”.

“Es como que están ajenos a la realidad. No sé qué pretenden, que haya una filmación como en la película `Al final del Túnel`”, agregó con evidente ironía.

Las órdenes de detención, tal como informó este diario, habían sido pedidas contra el ex titular de la Departamental, Darío Camerini; quien fue su segundo jefe, Rodolfo Carballo; el ex secretario, Walter Skramowskyj; el ex de operaciones, Ariel Huck y la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez.