Piden investigar si hay policías que criminalizan la pobreza en La Plata

Un debate oral, que ventiló un caso de robo calificado en la localidad de Abasto, ocurrido el 1º de diciembre de 2015, terminó con una condena de cuatro años de prisión para el acusado, accesorias legales y costas. Pero no pareció haber sido un juicio más, de los tantos que se realizan en los tribunales penales de La Plata, ya que desde las primeras audiencias se disparó una cuestión subyacente: la presunta criminalización de la pobreza por parte de algunos efectivos policiales en la Ciudad.

Según informaron a este diario fuentes judiciales, más allá del resultado final del proceso, fue el propio fiscal Rubén Sarlo quien pidió que se extraigan copias de todo lo actuado y se ordene abrir una investigación ante la eventual existencia de delitos de acción pública, ya que el acusado, al momento de dar su versión de los acontecimientos, confesó que le tenía miedo a la Policía, porque solía castigar y pegarles a los jóvenes que le llevaban problemas.

Sobre la suerte que corrió ese requerimiento, cabe destacar que la jueza con competencia unipersonal, Carmen Palacios Arias, que encontró culpable del delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por la intervención de menores de edad”, en los términos de los artículos 167 inciso 2 y 41 quater del Código Penal, a Jonathan Alexis Pérez (19), hizo lugar al planteo del representante del Ministerio Público y ordenó que la fiscalía en turno determine si efectivamente hay agentes que suelen perseguir o iniciar actuaciones a los ciudadanos por sus características físicas o condición social.

Concretamente, las miradas ahora se depositaron sobre un destacamento policial que funciona en la rotonda de 44 y ruta 36, ya que por ese lugar pasó el acusado del robo minutos antes de ser detenido.

Se supo que todo sucedió a fin del año pasado en 520 y 184 cuando, según se dio por probado en el juicio, Pérez, en compañía de cuatro menores, todos en bicicleta, habrían atacado por la espalda a la víctima, identificada como Manuel Roberto Antoni, a quien despojaron de la suma de 2.000 pesos en billetes de 100, pero de los cuales, al concretarse la captura, sólo aparecieron 400.

El sospechoso, cuando tuvo uso de la palabra, negó los cargos que le endilgaron, aunque reconoció haber visto a dos de los chicos del grupo abalanzarse sobre el damnificado, junto a los cuales, después, siguió la marcha como si nada hacia Olmos.

Fue en ese momento que le preguntaron a Pérez por qué no había frenado para denunciar lo sucedido en el puesto de seguridad de 44 y ruta 36, a lo que respondió con una negativa fundada en el temor casi reverencial que le tenía a la Policía.

EL ALEGATO DE LA DEFENSA

Daniel Galleguillo, abogado de Pérez, al margen de señalar en su alegato que no había pruebas concretas contra su cliente, a quien le pidió la absolución y, subsidiariamente la pena por el delito tentado, hizo especial mención a que “muchas veces ser joven, pobre y tener la piel oscura juega en contra y si se usa capucha en invierno también juega en contra. Existen creencias populares con basamento en hechos de la realidad, en situaciones de la realidad, en la estigmatización de determinada franja etaria y franja etaria y socioeconómica a la que lamentablemente Pérez pertenece, porque su historia de vida es pobre, vive en un barrio marginal, tiene una existencia limitada y en base a las posibilidades limitadas que le ha brindado la vida. Hasta ese momento trabajaba en una cooperativa juntando basura. Tenerle miedo a la Policía ¿y quién no?, si hasta por ahí nosotros mismos le tenemos miedo a la Policía cuando vemos un patrullero demasiado tiempo parado en un lugar (...) Entonces en un barrio marginal, en una zona pobre ¿se puede confiar de los uniformados?”.

De todas formas, Palacios Arias no encontró razón alguna para apartarse del pedido de condena formulado por el fiscal Sarlo, pero sí motorizó que se investigue “la posible comisión de un ilícito de acción pública por parte del personal del orden”.