La Corte pide informes por el tarifazo del gas y posterga una definición

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió ayer al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe sobre las razones del aumento de la tarifa del gas y resolverá en agosto los planteos, especialmente los fallos que suspendieron los incrementos en las facturas.

El Ejecutivo dispondrá de diez días hábiles para contestar el requerimiento, lo cual -teniendo en cuenta que el próximo lunes comenzará la feria judicial de invierno- estirará los plazos hasta el mes entrante.

El máximo tribunal nacional, en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, eludió tratar inmediatamente los planteos contra el tarifazo porque “no hay un caso” sobre el que pronunciarse, se indicó.

Paralelamente, fuera del Palacio de Justicia, militantes de partidos de izquierda manifestaron en contra del fuerte incremento en las tarifas de gas dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y que generó un fuerte rechazo de sectores políticos y sociales.

DE LOS SUBSIDIOS AL TARIFAZO

El máximo tribunal le pidió al Estado, a través del ente regulador Enargas, que “explique cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la ley 25.561 de emergencia económica emitida tras la crisis de finales de 2001, que estableció un régimen tarifario subsidiado.

El fallo reclama un informe sobre los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas dispuestos por el actual gobierno “y la relación de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión”. El gobierno deberá “especificar fundadamente la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuatro tarifario”.

Finalmente, el Gobierno deberá precisar “los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa”.

“En su caso, que informe las razones de dicha alteración y su incidencia sobre el monto final a pagar por el usuario”, añade la resolución. En ese contexto, pidió conocer “los criterios que orientan la aplicación o no aplicación de la tarifa social para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, en particular las directamente vinculadas con las economías regionales”.

“Sin abrir juicio sobre la concurrencia de los requisitos que condicional la admisibilidad del recurso promovido por el Estado nacional, corresponde disponer la realización de las medidas para mejor proveer que se consideran apropiadas”, dijo la Corte al esquivar el convite al “per sáltum” sobre medidas cautelares de primera instancia que frenaron el incremento tarifario.

Entre esas medidas “para mejor proveer”, la Corte pidió informes al juzgado federal de San Rafael, Mendoza, y a un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño.

Por otra parte, diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ se presentaron ayer como “amicus curiae” ante la Corte y solicitaron al tribunal participación del Congreso para resolver la controversia surgida a raíz del ajuste de las tarifas de electricidad, gas y agua. Los legisladores, encabezados por el presidente del bloque, Héctor Recalde, pidieron “ser tenidos por parte en el carácter de amigos del tribunal (amicus curiae) en todas los procesos donde la Corte asuma jurisdicción para considerar los aumentos de tarifas de los tres servicios”.