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Un denunciante de identidad reservada realizó serias acusaciones. Lo patrocina Poder Ciudadano
La UTN La Plata está en el ojo de la tormenta a raíz de distintas causas judiciales en las cuales se investigan pagos por consultorías que “nunca se habrían realizado”, dicen los denunciantes
El Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dictó la resolución 1020/16, en la que solicita a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que realice una “auditoría integral” en la Regional La Plata. La decisión fue adoptada cuando, en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini, se sustancia una causa por la celebración de numerosos contratos entre el ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior y la UTN La Plata para que la casa de estudios realice consultorías que nunca se habrían llevado a cabo.
La presentación judicial la realizó un “denunciante de identidad reservada”, quien fue patrocinado por la fundación apartidaria Poder Ciudadano.
El director del Area de Justicia y Acción Ciudadana de la organización, Germán Emanuele, explicó a este diario que “entre la documentación que presentamos hay un listado elaborado por la UTN Regional La Plata de 243 ingenieros, en el marco de convenios firmados entre el ministerio de Desarrollo Social de la Nación (por entonces conducido por Alicia Kirchner) y la casa de estudios para que efectúe consultorías en el marco del plan Argentina Trabaja. Todos los consultados y quienes se presentaron voluntariamente negaron haber hecho esos trabajos”, indicó el abogado.
Y amplió: “Los nombres habrían sido tomados, en su mayoría, del padrón electoral de graduados de la UTN Regional Santa Fe. A cada uno se le habría librado una orden de pago en carácter de becas, con un piso de 11 mil y un techo de 16 mil pesos”.
Pero también figuraban en esa lista personas que habían cursado posgrados en la UTN santafecina, así como “otras que no solamente no tenían vínculo alguno con la Tecnológica sino que ni siquiera eran ingenieros”.
Por caso, en el listado figuraba un médico jubilado del Pami que nada tuvo ni tiene que ver con la UTN, por lo que realizó la denuncia correspondiente.
Emanuele detalló que la fundación “llevó a cabo una consulta personalizada sobre una muestra muy importante de ese listado de profesionales, y todos dijeron desconocer de qué se les hablaba”.
“Luego estuvimos en Santa Fe, donde se presentaron muchos más al enterarse de la situación en la que estaban involucrados. Nadie sabía absolutamente nada”, enfatizó.
Asimismo contó que “había casos de personas fallecidas, como el de un ingeniero que figuraba como responsable de un trabajo efectuado en 2013 y con un cheque a su nombre, que había muerto en 2008”.
El director del Area de Justicia de Poder Ciudadano puntualizó que “al final del listado de 243 ingenieros y de las órdenes de pago (de entre 11 mil y 16 mil pesos) decía ‘repítase este pago 6 veces’”.
Bajo esa modalidad “se habrían cobrado, a través de la Fundación de la UTN, unos 19 millones de pesos en la sucursal del Banco Nación ubicada en la esquina de calle 2 y avenida 60”.
Lo que “deberá ahora establecer el Fiscal de la causa es quiénes cobraron y de qué manera”, agregó.
Entre la documentación que se adjuntó al expediente hay intimaciones de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip) a la Regional La Plata de la Universidad por “cheques transferidos”.
Emanuele apuntó que “se sabe que existen entre 11 y 13 convenios en estado procesal”, y señaló que “la fiscalía está a la espera que desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación le envíen esa documentación”.
Una causa de similares características se sigue en el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi.
Fuentes judiciales no descartaron que esa causa se unifique con la que lleva la Justicia Federal porteña.
La pregunta que se hacen en Poder Ciudadano es si “estos hechos fueron puntuales o implicaron un modus operandi; eso lo deberá resolver el juez”.
Lo cierto es que la Justicia también está detrás de contratos firmados por la UTN Regional La Plata con el ministerio de Planificación Federal (en épocas de Julio De Vido) para hacer controles en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otros convenios de consultorías.
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