La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, consideró ayer que el caso de pago de coimas que involucra a la empresa brasileña Odebrecht y que podría tener derivaciones en la política local, de confirmarse el pago de 35 millones de dólares en coimas, como declaran los arrepentidos brasileños, es el hecho “global de corrupción más importante de la última década”, y advirtió que además de analizar si hubo sobornos miran “con lupa la actuación de jueces y fiscales” en la investigación.
En cuanto a los dichos de la diputada nacional Elisa Carrió sobre sectores del Gobierno que supuestamente protegían al ex funcionario kirchnerista Julio de Vido en investigaciones por casos de corrupción, respondió que “a veces falta información y el impulso nos lleva a decir cosas sin mayor conocimiento”.
Al respecto, puntualizó que “en la Oficina Anticorrupción hay 21 carpetas en la que está mencionado De Vido” y “puede haber muchas más”.
Sobre Odebrecht, subrayó que la información detallada sobre el pago de coimas en el país “va a estar disponible para autoridades judiciales e incluso para autoridades administrativas como la Oficina Anticorrupción, o la Procuración del Tesoro de la Nación, que ya va a estar requiriendo información a otros países”.
“Sabemos que la ansiedad es importante, pero la información va a llegar”, aseguró Alonso, al tiempo que opinó que “es razonable que la gente esté alerta, atenta, y que esto no sea un espasmo porque estamos hablando del caso global de corrupción más importante de la última década”.
El primer día de junio vence el plazo para que la Justicia de Brasil mantenga en confidencialidad los dichos de los arrepentidos que declararon en aquel país y comenzarán a enviar esa información a la Justicia argentina.
La dirigente también sostuvo que el trabajo de la Oficina Anticorrupción no se concentra “solo en analizar la prueba y tratar de incorporar nueva información”, sino en “mirar con lupa la actuación de fiscales y jueces dentro de esta causa”.
Consultada por una radio capitalina, sobre la posibilidad de que el Gobierno revise los contratos de la compañía brasileña en el país, reiteró que “esto lo están evaluando los ministerios”, al tiempo que repasó que “el ministro de Energía (Juan José Aranguren) mandó a suspender un contrato”.
Además, puntualizó que “el procurador del Tesoro (Bernardo Saravia Frías) pidió información para hacer una auditoria para tratar de ver si en estos contratos hubo sobreprecios, sobre los cuales se podría calcular el monto real de la coima”.
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