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Henrique Alves está acusado de fraude. Arrancó el juicio por fondos ilegales en la campaña de 2014
El ex ministro de Turismo Henrique Alves (izq.), tras ser detenido en Natal, noreste de Brasil - AFP
SAN PABLO.- El ex ministro de Turismo Henrique Eduardo Alves, considerado consejero personal del presidente Michel Temer, fue detenido ayer en un desdoblamiento de la Operación Lava Jato, acusado de participar de fraudes en la construcción del estadio Arena das Dunas, en la ciudad de Natal, una de las 12 sedes del Mundial de Brasil de 2014, informó la Policía Federal.
El caso le pone más presión a Temer, quien a partir de anoche enfrenta un juicio que se inició en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y por el que puede ser destituido.
La policía informó que en el operativo realizado ayer también está involucrado el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien como Alves y Temer pertenecen al Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB).
La Policía Federal realizó operativos por la sobrefacturación del estadio de la capital del estado de Río Grande do Norte que tiene como eje a Alves, ex presidente de la Cámara baja y representante de esa región, según la delación premiada de un ex ejecutivo de Odebrecht. Actualmente, Alves era un consejero informal de Temer debido a que había renunciado al cargo de ministro el año pasado luego de que se le descubriera una cuenta oculta en Suiza. La policía estima que Alves lucró con el sobreprecio de 77 millones de reales (unos 25 millones de dólares) e hizo partícipe de este acto de corrupción al hoy detenido Cunha.
El caso cerca al presidente frente al inicio del juicio en la Justicia electoral que analiza si hubo fraude en las cuentas de la fórmula Dilma Rousseff - Michel Temer en las elecciones de 2014. Además, el jefe de Estado recibió el lunes 83 preguntas por escrito de la Policía Federal en la causa en la que se lo investiga por corrupción luego del audio grabado por Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS, en una reunión que mantuvo con Temer en su residencia oficial y que el propio mandatario reconoce haber tenido.
El fiscal general, Rodrigo Janot, acusa a Temer de avalar sobornos, por lo cual la Corte Suprema abrió una investigación por corrupción, obstrucción de la justicia y asociación ilícita. El presidente no está obligado a responder el interrogatorio enviado por escrito y que abunda en detalles sobre la reunión en la que Batista le confesó haber pagado sobornos a Cunha para mantener silencio en la prisión supuestamente a pedido del mandatario, tal cual lo delató ante la Justicia el empresario, un colaborador de la investigación.
El sábado pasado fue detenido el ex asesor presidencial Rodrigo Rocha Loures, quien recibió una valija con 500.000 reales por parte de Batista supuestamente destinada también a Temer, de acuerdo a lo confesado por el empresario, que está libre y se ha convertido en el más polémico de los delatores, por haber grabado en forma secreta su diálogo con el presidente.
En tanto, los abogados de la parte acusadora en el proceso contra el triunfo electoral de Dilma y Temer en 2014 afirmaron ante la Justicia brasileña que la campaña de ambos constituyó “un innegable abuso de poder económico y político”. “Hubo claras ilegalidades en la financiación”, pero también “hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira”, dijo el abogado Flavio Henrique Costa en la primera audiencia del juicio que le puede costar el cargo a Temer.
El actual mandatario ascendió al poder el año pasado después de la destitución de Rousseff por irregularidades presupuestarias, pero ahora está junto a ella en el banquillo en un proceso que podría llevar a su destitución.
El Tribunal Superior Electoral juzga en este caso las denuncias de abuso económico y político de la fórmula integrada por Rousseff y Temer, que entre otras cosas habría recibido millones de reales de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras. Muchas de las empresas involucradas en ese escándalo, como los grupos Odebrecht o Andrade Gutierres, han confesado que aportaron a la campaña de Rousseff y Temer multimillonarias sumas que no fueron debidamente declaradas y correspondían a los sobornos acordados a cambio de la adjudicación de contratos con la petrolera.
El juicio había comenzado el pasado abril pero fue suspendido para escuchar a nuevos testigos y fue retomado ayer. Las defensas de Rousseff y Temer actúan por separado y pidieron la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas. De ser condenado, vendrían las apelaciones en todas las instancias. En caso de que todas las apelaciones que pueda presentar Temer sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días mediante una elección parlamentaria indirecta.
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