El fiscal federal Juan Pedro Zoni impulsó ayer una investigación penal sobre las presuntas amenazas que recibió Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido financista Aldo Ducler, quien había presentado un escrito ante la Unidad de Información Financiera (UIF) ofreciendo información sobre supuestos casos de corrupción del anterior gobierno aparentemente a cambio de dinero.
Zoni respondió positivamente a la consulta que le efectuó, tal como lo manda el Código Procesal Penal, el juez federal Ariel Lijo, quien recibió la denuncia original por las amenazas.
Juan Manuel Ducler declaró, tras la muerte de su padre el jueves pasado en plena vía pública porteña, que desde hacía más de un mes él y Aldo Ducler venían recibiendo amenazas.
Ducler hijo cuenta hoy con custodia permanente ante el cariz de las amenazas que dijo haber sufrido.
De acuerdo con esa versión, las intimidaciones estaban relacionadas con las gestiones que su padre estaba realizando para presentarse bajo una figura aún no reglamentada de la ley argentina, la del “informante”, para aportar datos sobre presuntos hechos de corrupción.
Especialmente, Ducler decía poseer información sobre el manejo de los fondos que la provincia de Santa Cruz obtuvo por regalías petroleras mal liquidadas en los ‘90, y que el entonces gobernador provincial, Néstor Kirchner, sacó del país para ponerlos a salvo de la crisis financiera de fines de 2001. “Estábamos con amenazas tanto él como yo por parte de masculinos que nos decían que nos callemos la boca y que cuidemos a nuestra familia”, denunció Juan Manuel Ducler.
Ahora, el fiscal Zoni propuso una serie de medidas de prueba, entre ellas registros de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los Ducler, así como tareas de inteligencia para determinar la entidad de las intimidaciones.
Dos días antes de fallecer, Ducler, según relató su hijo, entregó ante el organismo estatal encargado de prevenir el lavado de activos- un documento sobre la que fue, a su juicio, “la mayor estafa en la historia de Argentina”. En él, acusaba a Néstor y Cristina Kirchner de liderar una “asociación ilícita” con la que, junto a otros integrantes del kirchnerismo y varios empresarios, habrían malversado fondos de la provincia de Santa Cruz “para sanear el Banco de Santa Cruz, acceder a la Presidencia de la Nación en 2003 y comprar la petrolera YPF.
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