La Justicia presiona a alcaldes catalanes que apoyan el referendo independentista

BARCELONA.- La Fiscalía General de España dio ayer un paso potencialmente decisivo contra el referendo de secesión convocado de forma unilateral por el gobierno de Cataluña, al pedir que se cite como imputados a los más de 700 alcaldes de la región que en los últimos días apoyaron la consulta, fijada para el 1 de octubre.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, requirió a las Fiscalías de las cuatro provincias catalanas que investiguen a los alcaldes afines a la votación independentista y ordenó a la policía de la región norteña su detención en caso de que no vayan a declarar, empezando por los de los municipios más poblados. Los alcaldes que serán citados son los que firmaron decretos para poner a disposición del gobierno catalán los locales necesarios para que se realice el referendo.

El ministerio público recordó que el Tribunal Constitucional suspendió hace unos días de manera cautelar la convocatoria del referendo, prohibiéndolo “de facto”, y advirtió que las conductas dirigidas a su organización y celebración pueden constituir delitos de desobediencia, prevaricato (incumplimiento de deberes de funcionario público) y malversación de fondos públicos.

En total, 712 ayuntamientos de los 947 que hay en Cataluña se comprometieron en los últimos días a colaborar con la convocatoria del 1 de octubre, según consta en la web de la Asociación Municipios por la Independencia (AMI). El gobierno catalán del presidente Carles Puigdemont pidió a todos la cesión de locales para la votación. Si bien la inmensa mayoría de los 712 van a declarar, el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al gobierno catalán de la coalición separatista Juntos por el Sí, anunció que sus 30 alcaldes no obedecerán a la Fiscalía.