Detuvieron a una mujer durante los allanamientos por el caso Maldonado

Fuerzas de seguridad realizaron hoy un operativo de búsqueda en un predio de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut, en el marco de la desaparición de Santiago  Maldonado, procedimiento en el que detuvieron a una mujer y fue  considerado por la familia como una "payasada mediática".  Asimismo, un abogado presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el juez a cargo de la investigación por la desaparición del joven, Guido Otranto, quien alertó sobre la "utilización política" del caso.    

Una integrante de la comunidad mapuche, a quien la prensa local identificó como Romina Jones, denunció la detención de una mujer en el marco del operativo y dijo que se trata de Elizabeth  Loncón, quien fue trasladada a dependencias de la policía de la  localidad.  Medios locales reportaron que la mujer que denunció el hecho afirmó que la detención se produjo por "resistencia a la  autoridad".    

El operativo en tierras de la estancia Leleque ocupadas por el  Pu Lof de Resistencia Cushamen en Esquel se realizó por orden del  juez, quien encabezó el procedimiento a cargo de 300 efectivos de  la Policía Federal, Prefectura y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con drones y helicópteros.    

Los trabajos de búsqueda, que implicaron el corte de un tramo de la ruta 40 y caminos aledaños al Pu Lof, también incluyeron buzos tácticos, unidades de infantería y caballería y 16 perros entrenados en seguimiento de rastros de personas y cadavéricos.    

Sergio Maldonado, hermano del joven que permanece desaparecido desde el 1ro. de agosto, consideró el operativo como "una  payasada mediática" y sostuvo que Otranto "es impresentable".    

"El juez es un delincuente, tiene que estar preso", advirtió en declaraciones a la prensa local Maldonado, quien no pudo participar de los procedimientos por orden del magistrado, y sostuvo que el operativo fue puesto en marcha "para buscar algo que no existe".    

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"Están haciendo una payasada mediática que no sirve para  nada", manifestó, y dijo que Otranto "es impresentable, es una  payasada, me enteré a las 7 de la mañana. Ayer salió a decir que mi  hermano se había ahogado en el río, son inapropiadas las declaraciones,  decir que está muerto, es una locura".  

Maldonado advirtió que "ese tipo sea juez da asco, es una vergüenza. Estoy recontracaliente. Lo voy a denunciar por todos lados, tiene que estar preso ese tipo, es impresentable" y expresó que "hay que hacerle un psicofísico". El magistrado, afirmó el hermano del joven, "interrumpió las declaraciones de la comunidad mapuche" que estaban previstas para hoy y, en ese sentido, denunció que "no los dejaron declarar".    

El abogado Denis Pitté Fletcher pidió ante el Consejo de la  Magistratura un juicio político contra Otranto y ante ese organismo acusó al magistrado de haber sido parte de una "campaña de  propaganda orquestada y dirigida contra el gobierno del presidente  Mauricio Macri".    

"La pregunta es a quién beneficia políticamente la  desaparición de Santiago Maldonado. Y es evidente que no es al gobierno a  quién beneficia. Y que sí beneficia a otros grupos políticos  desesperados por buscar impunidad", expresó el denunciante.    

Asimismo, advirtió que "existió con plena evidencia una  operación diseñada para inculpar al gobierno nacional por este presunto secuestro y desaparición, y con ello indirectamente ayudar a los  eventuales verdaderos autores del eventual -aunque hasta ahora no  probado- secuestro y -sí probada- desaparición".    

"Hasta la propia familia de Santiago Maldonado ha sido convencida de esta versión", destacó Pitté Fletcher, y sostuvo que el  juez Otranto "ha sido funcional, ya sea en forma deliberada o por  grave negligencia".    

Otranto, en tanto, dijo en una entrevista publicada hoy por el  diario La Nación que "todavía no está clara" la desaparición del  joven, sostuvo que la "utilización política de este caso fue  clarísima" y volvió a rechazar las críticas que recibió de la familia al destacar que realiza una "investigación seria y objetiva".    

"Por eso también mi prudencia. Me preocupé mucho para que no  se deriven interpretaciones políticas en el hábeas corpus y la  desaparición forzada, que instruye la fiscalía", manifestó.  

"Creo que hay partes que están más interesadas en cuestionar  la investigación que en colaborar", advirtió.  

 El juez, consultado si la comunidad mapuche plantó pruebas,  espondió: "Tengo muchas dudas sobre las tres prendas que nos dieron  como que eran de él" y expresó que "no se explica que tengan olor  a diferentes personas y sobre todo que haya habido olor a esas  tres personas el 16 de agosto, cuando ya habían pasado 15 días de la  desaparición".