Un proyecto para terminar con el nepotismo que no pasó el filtro de la Legislatura

“Los nombramientos en el sector público que reconozcan como única causa el parentesco o afinidad con el funcionario que realiza la designación, resultan contrarios a la ética que debe guiar los actos y conducta de todo servidor o funcionario público”. Con esos argumentos, un diputado provincial del oficialismo presentó hace un tiempo un proyecto para prohibir las designaciones de hijos y parientes en todos los poderes del Estado.

Su autor es el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello, un dirigente de la Coalición Cívica, el sector que lidera Elisa Carrió. Y se basaba en situaciones que se registran en diversos estamentos oficiales donde muchos funcionarios recurren a sus parientes para ocupar cargos.

Sin embargo, la iniciativa durmió en las comisiones de la Cámara baja hasta que perdió estado parlamentario. Ahora Castello le dijo a este diario que lo volverá a presentar en busca de que se apruebe, aprovechando el decreto de Macri al que decidió adherir Vidal.

“El nepotismo es una variante de clientelismo político con la que se persigue garantizar el control político del aparato estatal y resentir la obligación de rendir cuentas”, dice el legislador.

Para el diputado Castello, hay que ponerle freno a esta situación. No hay antecedentes de una legislación antinepotismo en el país a excepción de un intento fallido en Chubut. “Avanzó una ley en ese sentido pero fue vetada por el entonces gobernador Mario Das Neves”, apuntó el diputado. En cambio, otros países como Paraguay y Perú cuentan con normativas que prohíben la designación de parientes de funcionarios.

La iniciativa de Castello prohíbe el nombramiento de parientes propios “en razón de la naturaleza (consanguíneos) en línea recta (ascendiente o descendiente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado”; cónyuges; parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; pareja conviviente y parientes de esa pareja. El proyecto establece sanciones para quienes contraten parientes. Quien lo hiciere será sancionado con inhabilitación para ejercer la función pública por hasta cinco años.

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