La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió suspender la orden que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones que posee en YPF al fondo Burford Capital. La medida, dictada en el marco del litigio por la estatización de la petrolera en 2012, frena de manera provisoria la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska y otorga a la Argentina un alivio clave mientras continúa el proceso de apelación.

Con esta decisión, los títulos de la petrolera seguirán depositados en la Caja de Valores y el país no deberá presentar garantías económicas adicionales. El fallo de la Cámara también habilitó la presentación de escritos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos como amicus curiae, respaldando la postura argentina.

La resolución evita que el Gobierno deba recurrir, al menos por ahora, a la Corte Suprema estadounidense para frenar la entrega de las acciones. El pedido de suspensión había sido presentado por la defensa argentina tras el fallo de Preska del 30 de junio pasado, que ordenaba la transferencia de la participación estatal como parte de una indemnización de U$S16.100 millones más intereses a favor de Burford y Eton Park.

El origen del conflicto se remonta a la nacionalización de YPF dispuesta en 2012, cuando el Estado tomó el control del 51% de la compañía que estaba en manos de la española Repsol. Los exaccionistas minoritarios Petersen Energía y Petersen Inversora -entonces controlados por la familia Eskenazi- denunciaron que el Gobierno violó el estatuto de la empresa al no realizar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones. Ambos grupos quebraron en España, y sus derechos de litigio fueron adquiridos por Burford Capital, un fondo especializado en comprar pleitos para luego reclamar indemnizaciones.

Burford sostiene que la Argentina incumplió obligaciones societarias y que la compensación fijada por Preska responde a ese incumplimiento. El fondo, que valúa este litigio en U$S16.000 millones dentro de su cartera, dejó trascender que no busca quedarse con las acciones de YPF y que estaría dispuesto a negociar un acuerdo. Sin embargo, no hubo contactos recientes con funcionarios argentinos y el último encuentro formal data de 2024.

Para el Gobierno, el fallo original es “materialmente imposible” de cumplir. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recordó que la ley de expropiación de YPF exige una mayoría especial del Congreso para autorizar cualquier venta de las acciones estatales, lo que en la práctica bloquearía una transferencia directa. La defensa argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro y el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, también argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos soberanos y que, de todos modos, las acciones están registradas en el sistema local.

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La decisión de la Cámara es considerada la primera victoria judicial para la Argentina en este caso en varios años. Aunque no resuelve el fondo de la disputa -que sigue tramitándose en otra apelación-, concede tiempo para preparar la estrategia de defensa. El calendario judicial prevé que las presentaciones formales por la apelación de fondo comiencen a fines de septiembre, y que la exposición oral de argumentos se realice en la semana del 27 de octubre (ver aparte).

El caso también atrajo la atención del Departamento de Justicia estadounidense, que presentó escritos respaldando la posición argentina bajo el argumento de que la orden de Preska no tiene precedentes en la jurisprudencia norteamericana y podría entrar en conflicto con normas de inmunidad soberana.

Mientras tanto, Burford y Eton Park mantienen la expectativa de cobrar la indemnización establecida por Preska. En su visión, cada mes que pasa sin ejecución aumenta el costo para la Argentina debido a los intereses acumulados. La Cámara, sin embargo, determinó que no habrá movimiento sobre las acciones hasta que se analicen y resuelvan las apelaciones pendientes.

Para el país, la suspensión significa un respiro en un litigio que combina alto riesgo financiero, complejidad jurídica y un fuerte componente político. El 51% de YPF seguirá, al menos por ahora, bajo control estatal y en territorio argentino, mientras se define si la Justicia de Estados Unidos mantiene o revierte la orden de Preska.

Desde el ministerio de Economía celebraron de inmediato la decisión, que también aceptó que el gobierno de EEUU sea “amicus curiae” del país.