Es absolutamente cierto que los vecinos de nuestra región viven condicionados por circunstancias adversas, que van de las deficiencias en los servicios públicos hasta el mal estado de las calles y veredas, o las frecuentes emergencias causadas por inundaciones y anegamientos en los barrios, entre muchos otros padecimientos que deben enfrentar, como, por ejemplo, los originados por los distintos tipos de contaminación ambiental.
Ello se traduce no sólo en las justificadas protestas que se impulsan desde los distintos vecindarios, en donde exhiben el estado de indefensión en que se encuentran en alguna oportunidad frente a esos distintos tipos de situaciones. Todo ello ha generado, tal como lo vienen remarcando distintas noticias publicadas en este diario, que surjan algunas iniciativas entre los vecinos, encaminadas –según lo argumentan- a resolver ellos mismos esos problemas.
Así últimamente, se han for- mado espontáneos grupos de vecinos que salen a reparar calles o averías en algunas de las redes de servicio. Desde luego que, si bien esos impulsos pueden reflejar una suerte de espíritu solidario o un valorable interés por el bien común, el poder público no puede permitir en modo alguno que tal tendencia pueda instalarse y mucho menos propagarse.
En este contexto es que debe mencionarse la reciente decisión de la Municipalidad local de recurrir ante la Justicia por las obras clandestinas realizadas por el propietario de un terreno, que construyó un terraplén con el cual ocasionó modificaciones y trastornos en el escurrimiento de agua de lluvia, generando anegamientos en la zona.
Similar decisión, según se informó, se adoptó estos días al detectarse en otra zona del distrito la construcción de un desagüe clandestino que generó la derivación del escurrimiento de agua hacia otro sector, que quedó anegado durante el paso de la última tormenta registrada el fin de semana pasado. Se aludió también a la existencia de antecedentes parecidos, en los que algunas construcciones clandestinas derivaron en el cambio del curso de un arroyo, en una situación de flagrante ilegalidad que ya fue corregida.
Estas acciones impropias de los particulares –que se concreta también cuando, en busca de un exclusivo beneficio propio, algunos propietarios realizan el llamado “contrabando” de líquidos cloacales hacia las redes de desagües pluviales- deben ser detectadas y sancionadas por el poder municipal. Cualquier obra que se relacione con el espacio público debe ser convocada, licitada y supervisada luego por organismos del Estado.
SUSCRIBITE a esta promo especial