Moreno, el distrito kirchnerista del Conurbano que desvela a la gobernadora Vidal

Tras varios días de tensión por la toma de un predio descampado, las familias que ya habían loteado el terreno fueron desplazadas por la Policía. Salvo un grupo de 30 hombres que se replegó hasta un puente sobre un riachuelo. De madrugada, empezó a escucharse un chasquido metálico que desorientó a las autoridades: los atrincherados estaban afilando sus facas contra el concreto. “Estos nos van a cortar a todos. Si se nos vienen encima les tiramos”, ordenó un jefe policial.

El episodio, que por suerte no terminó en un baño de sangre, fue relatado a EL DIA por un testigo presencial. Ocurrió en 2016 en las inmediaciones del barrio Trujuy, en la periferia del partido de Moreno. La historia viene a cuento, dos años después, porque de otro modo no puede entenderse la idiosincrasia de este distrito del noroeste del Conurbano, al que llegaron 400.000 migrantes e inmigrantes en las últimas décadas, atraídos por la cantidad de tierra disponible para la toma.

En ese contexto de carencias, sociales y de infraestructura, ocurrieron este año hechos gravísimos. El más doloroso fue la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la escuela 49 Nicolás Avellaneda, tras la explosión de un caño de gas que aún investiga la Justicia. Y que evidenció la precariedad en la que trabajan los docentes, tanta que a esta altura del ciclo lectivo, dos tercios de los establecimientos están siendo refaccionados por seguridad.

“No estoy de paro. Adhiero a la lucha para que podamos enseñar de manera segura”, reza una bandera colgada en la puerta de la escuela, a pocos metros del mural que la comunidad hizo en homenaje a Sandra y Rubén, pudo constatar este diario en el lugar. Para llegar hasta allí hay una sola calle asfaltada, que conecta con la ruta 23. Y previamente hay que pasar un arroyo que luce peor que el Riachuelo: está repleto de carcasas de automóviles y de desechos de todo tipo.

En ese rincón de Moreno, como en tantos otros, la escuela es la única presencia constante del Estado. “Jamás pensamos en cerrarlas. Se hizo escuela desde otro lugar. Después de lo que pasó, no volvimos a ser los mismos. Antes vivíamos poniendo parches para funcionar, pero nos dimos cuenta que eso no sirve. Por eso reclamamos inversión en educación. La escuela es para vivir, no para morir”, aseguró Cecilia Pustilnik, directora de la escuela 74.

EL ESCENARIO POLÍTICO

Las muertes de Sandra (48) y Rubén (49), de las que se están por cumplir 100 días, impactaron en el ánimo de la gobernadora María Eugenia Vidal. “Me duele lo que pasó”, admite la mandataria, que es acusada por los gremios –sobre todo por Suteba- de haber retaceado fondos para las escuelas. Pero en la Gobernación apuntan sobre el municipio de Moreno. Mientras que el intendente Walter Festa niega que haya destinado el fondo educativo al pago de salarios.

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Las acusaciones cruzadas –que no son lineales, como se puede suponer mirando la situación desde afuera, ya que Festa no tiene una buena relación con Suteba pese a que responde al kirchnerismo- están empezando a amainar por una cuestión de sentido común: a ninguno de los actores en pugna le conviene tener al menos una cuota parte de la responsabilidad de que los alumnos de todos los niveles no tengan acceso a un derecho inalienable, como lo es la educación pública.

“Acá no hay diferencias partidarias que valgan por encima de que los chicos deben estar en las escuelas”, aseguró Adriana Frega, la directora Inspección General del Ministerio de Educación bonaerense. La funcionaria, que es la encargada de constatar los avances de las obras en marcha, reveló que se envía un parte diario a la Gobernadora y confió en que “antes de fin de año, todos los servicios educativos de Moreno tendrán que estar abiertos, aunque sea parcialmente”.

Las escuelas que están abiertas y las que permanecen cerradas son objeto de otra polémica poco entendible: mientras el Gobierno bonaerense sostiene que 234 están dando clases –entre jardines de infantes, primarias, secundarias y técnicas-, los directores de escuelas de Moreno sostienen que son sólo 23 los establecimientos abiertos, sobre 275 que hay en total en el distrito. Este diario pudo comprobar esta semana que se dan clases en veredas, patios, sociedades de fomento y en las iglesias.

En el municipio, en tanto, optaron por no meterse en la discusión sobre las escuelas que están realmente abiertas. “Nosotros no podemos obligar a los docentes a volver a las aulas si creen que no se garantizan las condiciones de seguridad. Ese es un problema entre Vidal y los gremios”, deslizó un funcionario de Festa. En el entorno del intendente atribuyeron incluso el episodio de la maestra Corina de Bonis -presuntamente secuestrada en La Reja- al accionar de “grupos ultras”.

COMIDA Y CORRUPCIÓN

Los investigadores judiciales, supervisados de cerca por el procurador Julio Conte Grand, dudan del testimonio de la docente, que mostró ante los medios la frase “ollas no” escrita con un punzón en su abdomen, según ella misma declaró. Más allá de la veracidad del hecho, lo cierto es que la instalación de ollas populares por parte de gremios y padres de alumnos luego de la explosión de la 49, mostró una de las funciones vitales de las escuelas en los barrios pobres: dar de comer.

“Después de lo de Sandra y Rubén estuvimos 15 días sin recibir comida. Los proveedores no llegaban”, aseguró Pustilnik, que pasó varios años de su carrera docente en la escuela de la tragedia, antes de llegar a la 74, ubicada en el fondo del barrio La Perlita, que se llama así porque la empresa de colectivos local tiene allí su terminal. Si bien en la Provincia afirman que eso ya se normalizó, la intervención del Consejo Escolar local es otro punto candente del conflicto.

Carlos Benítez, profesor de filosofía y dirigente de la agrupación John William Cooke, afirmó en ese sentido que “hubo un deterioro en el Consejo Escolar, signado por la corrupción, con un nivel de descontrol espantoso”. El hecho no reconoce diferencias ideológicas: Aníbal Assef –referente local de Cambiemos- precisó que por ese motivo “hay dirigentes de UPCN detenidos y procesados, que se robaban 5 millones de pesos por mes de los servicios de alimentación para las escuelas”.

Pero el enfoque de ambos es opuesto cuando se escarba un poco: para Benítez, el interventor Sebastián Nasif “legitimó el ajuste”, con lo cual hubo menos inversión en la infraestructura de las escuelas; mientras que para Assef la explosión de la escuela 49 fue “una desgracia” que se originó en “un caño que estaba oculto detrás de una pared de durlock, no en la estufa”. Como fuera, lo concreto es que Nasif debió renunciar en medio de la tragedia y lo reemplazó Karina Politi.

Más despegado de las disputas políticas, el presidente de la Cámara de Comercio local, Salvador Femenia, ofreció su propio diagnóstico: “Acá nada está planificado; se hace lo que se puede”, advirtió, para luego explicar: “Hay mucho comercio informal. Eso afecta la recaudación y tiene un trasfondo político”. Por último, llamó la atención sobre un aspecto relacionado con la estructura social y las falencias del sistema educativo: “La gente que necesita trabajo no está capacitada”, alertó.