No ceden los reclamos por el servicio del agua en la Región

Un repaso de las crónicas urbanas publicadas en este diario en los doce meses del año que termina permiten corroborar que la falta de agua, en distintos barrios de la Ciudad y en localidades cercanas servidas por las redes de ABSA, fue uno de los reclamos vecinales más reiterados. Ahora son los vecinos de la zona de Diagonal 73 y 17 los que se encuentran padeciendo los agobios propios de la falta de suministro, aún cuando, según señalaron, vienen presentando protestas desde marzo pasado en Aguas Bonaerenses, la Autoridad del Agua y la Defensoría del Pueblo.

Cabe recordar que un mes antes de esa fecha, es decir en febrero pasado, se decía en esta columna que en pocos veranos y tan calurosos tantos barrios y localidades de la Región sufrían las penurias propias de la falta absoluta de agua o de la baja presión en el suministro.

Como se recordará, tales expresiones se formulaban cuando, en una suerte de situación paradójica, pendía sobre los usuarios la alternativa de que se oficializara una propuesta del Gobierno provincial, destinada a imponer un nuevo aumento de la tarifa del servicio de aguas y cloacas a cargo de la empresa ABSA, tal como poco después ocurrió.

Lo cierto es que son centenares de miles los vecinos de la Región sometidos al calvario que plantea de la falta total de agua o la baja presión en sus domicilios. Puede decirse que no pasa un día en la Región sin que pobladores de distintos barrios reclamen por esas falencias.

No debiera ser preciso señalar que la empresa abastecedora, en forma prioritaria, se encuentra obligada a ofrecer un servicio de agua constante y confiable. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es que miles de usuarios no cuentan con la garantía de poder acceder de manera segura al consumo, de modo que -si el valor que paga cada uno de ellos está subordinado al servicio que se brinda, tal como debiera ocurrir con las tarifas- es esencial que la empresa ABSA cumpla cabalmente con su prestación. Algo que, bien se sabe, no ocurre o, en todo caso, sucede con demasiadas imperfecciones. Es preciso señalar, entonces, que nadie estaría obligado a pagar una suerte de impuesto al agua, sino, en cambio, por la debida prestación del servicio de agua, que es algo bien distinto.

Es paradójico, también, que se presenten estos problemas en una Región que, como la nuestra, cuenta con el privilegio de encontrarse al lado de uno de los reservorios de agua dulce más ricos del planeta, como lo es el Río de la Plata. Ello habla, por consiguiente, de gravísimas fallas y omisiones acumuladas durante décadas en la administración del servicio, ya sea que se hable de problemas en las plantas de extracción o en las redes de distribución, imputables seguramente a imprevisiones, a la falta de inversiones oportunas o a problemas en las tareas de mantenimiento.

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Es de esperar, entonces, que las autoridades provinciales analicen a fondo estos y otros argumentos, sin perjuicio de que impulsen perentorias medidas para garantizarle a la población un suministro del servicio que se encuentre, al menos, a la altura de las exigencias mínimas.