Garro se enfrenta al Concejo y veta la ordenanza que subió la dieta de los ediles

El intendente, Julio Garro, frenará el aumento que en medio de un fuerte hermetismo los concejales platenses se dieron el miércoles pasado a través de una ordenanza que lleva sus dietas de 50 a 62 mil pesos. Tras revelar que desconocía la iniciativa, el jefe comunal afirmó que en su gestión “no habrá ningún aumento que se conceda de esta manera”, por lo que vetará la norma.

“Prefiero pagar el costo con la política y no con la gente”, lanzó Garro al referirse a la ordenanza sancionada el miércoles pasado que, tras votarse por unanimidad de todo el cuerpo sin exposición de argumentos, llevó las dietas de los concejales a aumentarse un 25 por ciento, más allá de que ya habían percibido el aumento del 24 por ciento que fue para todos los empleados municipales.

“No estaba al tanto, me enteré una vez que fue sancionada”, dijo Garro en diálogo con EL DIA. Y tras condenar que su sanción haya sido “sin exponer un debate abierto”, aseguró que “no voy a promulgarla o voy a vetarla, pero sea cual sea el trámite, no avalaré esa ordenanza”.

En esa línea, el Intendente se despegó de lo votado por los ediles de la Ciudad al considerar que “una mejora en las dietas de los concejales debe hacerse con un debate de por medio y una exposición de los argumentos de por qué debe ser así”.

Y definió que “ahora más que nunca la política debe dar el ejemplo de austeridad”. Garro recordó que si bien la ley de Presupuesto provincial 2019 establece un tope del 2 por ciento de los presupuestos locales para asignarle a los concejos deliberantes, en el caso de La Plata el jefe comunal dispuso que fuese del 1,5 por ciento.

“En La Plata venimos bajando el gasto político en todas las áreas, esto debe ser explicado mejor”, lanzó.

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LA ORDENANZA

Como vino publicando este diario, durante la maratónica sesión del Concejo Deliberante del miércoles pasado, en la que votaron el Presupuesto municipal 2019 y la suba de tasas del 38 por ciento promedio, los ediles sancionaron por unanimidad una ordenanza que modifica el modo como se calcula el monto de sus haberes, consistente en cinco salarios municipales, que incrementa sus dietas en un 25 por ciento, más allá de la suba del 24 por ciento que tuvieron durante 2018. De esta manera, la dieta de un edil de La Plata pasaría de 50.000 pesos mensuales a 62.000, en promedio, ya que los montos varían por la antigüedad de cada concejal.

Sin embargo, durante su tratamiento no se expusieron los motivos de esta votación y su sanción, manejada con un fuerte hermetismo, recién trascendió el fin de semana. Incluso, como viene publicando este diario, el propio Intendente y muchos concejales que no asistieron a la reunión de Labor se habrían enterado recién terminada la sesión en la que además se aprobó la autorización para el avance de varios emprendimientos inmobiliarios de gran envergadura.

La norma, que se sancionó a partir de un acuerdo logrado en Labor parlamentaria por todos los presidentes de los bloques, establece un cambio en la interpretación de los salarios municipales que, en la práctica, lleva a que la dieta de un edil no se calcule sólo con el salario básico de un empleado sino también sumándole las bonificaciones que percibe. Por eso, con esta modificación, se considerarán sueldo todas las asignaciones percibidas por otros conceptos, incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales, “incluidas las asignaciones no remunerativas, percibidas por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia”, dice la ordenanza a la que accedió EL DIA.

Ayer el presidente de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, Julio Irurueta, aclaró que la norma no fue una modificación del Presupuesto municipal sino una ordenanza que modifica la interpretación del cálculo de los haberes en función del artículo 40 de la ley 9.650/80, “la que en La Plata venía haciéndose erróneamente”. Y aclaró que con esta sanción “la misma será ahora igual al resto de los municipios de la Provincia”. E insistió en que se trató de un acuerdo de Labor Parlamentaria al que adhirieron todos los presidentes de bloque.