La sociedad persiste atada al flagelo de la violencia de género

Los resultados de una encuesta realizada a través de Internet por el ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, en la que participaron unas 8.500 mujeres, reveladores de que el 50 por ciento de ellas reconoce sufrir violencia en mayor o menor grado dentro de sus relaciones de pareja, resultan demostrativos de que persiste y puede proyectarse -dada la edad mayormente juvenil de las consultadas, ya que casi tres partes de ella cuentan entre 14 y 30 años- el flagelo social de la violencia de género, sin que se atienda una diversidad de demandas que formulan las mujeres.

El estudio apuntó a conocer cuál es la real situaciones de mujeres que se encuentran en relación de noviazgo o de pareja, en situaciones que no incluyan sólo las agresiones físicas, amenazas, abuso sexual y femicidios, sino también las presentaciones de violencia cotidiana través de conductas de control, dominación, humillación y descalificación. Lo cierto es que, tan habituales resultan estas conductas por parte de los varones en nuestra sociedad, que cinco de cada diez mujeres argentinas consultadas reconocieron ser víctimas de ella.

Los resultados del trabajo, se destacó, coinciden con los señalados por un informe de Naciones Unidas, según el cual al menos tres de cada diez mujeres adolescentes sufren en algún momento las manifestaciones de un noviazgo violento. Según expertos se ese organización, la cifra constituiría la punta de un iceberg, dada que un importante porcentaje de esas situaciones no son reconocidas como violencia por quienes las sufren.

Se advirtió acerca del hecho que, en la mitad de las relaciones violentas, los malos tratos comienzan durante el noviazgo. Negar, justificar o minimizar estas señales puede deberse al hecho de estar ligada afectiva y emocionalmente a la pareja, sumando además los mandatos impuestos por una sociedad culturalmente machista, explicaron desde el ministerio de Desarrollo Humano los responsables de la investigación.

Con más que fundadas razones, las mujeres argentinas vienen protestando por la persistencia genérica de una cultura machista, que impide el ejercicio de una plena soberanía femenina, que las relega en los niveles salariales y de los lugares de decisión, obligándolas, también, a sufrir otras discriminaciones. Con toda razón los reclamos femeninos apuntan no sólo a una ausencia de políticas de prevención de la violencia, sino a la existencia de inequidades por cuestiones de género, así como a la falta de programas de salud -sanitarios y educativos- que son claves, como los de salud sexual y reproductiva.

Bien se conocen los muchos pasos legislativos dados en nuestro país para enfrentar estas situaciones, incorporándose, para los casos más graves de violencia, figuras específicas al Código Penal, agravando las penas y perfeccionando la aplicación de nuevas normas que procuran garantizar una mayor seguridad en las potenciales víctimas. Al mismo tiempo, en los cuadros judiciales y administrativos se han creado diversas dependencias destinadas a la mejor defensa de la mujer. Sin embargo, los distintos tipos delictivos no dejan de cometerse y las desigualdades no dejan de existir.

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