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Estela Díaz (*)
En el año 2005 nace la Campaña por el derecho al aborto, que en breve presentará por séptima vez el proyecto de legalización y despenalización del aborto. Este debate está instalado en la sociedad y la fuerza creciente del movimiento de mujeres, ha logrado ampliar los consensos e impactar en el debate mediático. Sólo falta que el Congreso Nacional saque de la clandestinidad la discusión. La ola verde de pañuelos que abraza esta causa, viene demostrando que es una de las principales deudas de la democracia con la vida y la igualdad.
Sucintamente destacaré tres fundamentos para este debate: 1) Es un tema de salud pública. Más de 50 mil egresos hospitalarios se producen en el año por complicaciones por aborto y alrededor de 50 muertes, absolutamente evitables. Esto supone un costo irreparable en vida de mujeres y niñas, en secuelas para la salud, además de un gasto millonario para el sistema de salud. Sin contar el negocio del circuito de la clandestinidad. Está demostrado que en los países donde la interrupción del embarazo es legal, como sucede en España, se practican 6 veces menos abortos que en la Argentina. Porque la ilegalidad no permite operar sobre las causas que llevaron a que se produzca embarazos no deseados. La sanción de esta ley tiene inmediato efecto para salvar vidas. Para los sectores preocupados por la vida en gestación, se logra que haya menos abortos. Para quiénes ponemos el foco en la vida de las mujeres, es prácticamente inexistente la mortalidad por abortos en la legalidad.
2) Es una causa de justicia social. La penalización sólo opera con secuelas en la vida o la salud para las mujeres de los sectores más populares, las que viven en zonas rurales o alejadas de centros sanitarios y para las que sufren diversas formas de violencia. Las mujeres con recursos y acceso a la información, se ven sometidas a la ilegalidad, pero interrumpen el embarazo de forma segura. Es una práctica médica sencilla, incluso con el uso de las pastillas de misoprostol, se hace de manera ambulatoria y en el propio domicilio. Opera con la selectividad del derecho penal, que expone a la cárcel solo a las mujeres pobres , el resto aborta en clínicas privadas o en su casa pero con la intimidad intacta.
3) Es una razón democrática y de igualdad. En nuestro país el aborto ya es legal por causales, cuando hay riesgo para la salud o la vida y cuando la gestación es producto de una violación. Este debate plantea ampliarlo por decisión hasta las 14 semanas de gestación. Lo entendemos como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. La penalización es discriminatoria porque es un tipo de penalidad que sólo afecta a un género. Nada más y nada menos que a las que damos vida y somos las que siempre nos hemos hecho cargo de los cuidados, no sólo de los niños y niñas, también de todas las personas dependientes. Queremos igualdad y libertad, porque eso nos hace mejores como personas y como sociedad.
*Secretaria de Género CTA
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“La penalización sólo opera con secuelas en la vida o la salud para mujeres de sectores populares”
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