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Después de meses de parálisis parlamentaria y una disputa reglamentaria que incluyó la aprobación de un nuevo proyecto, la oposición consiguió poner en marcha la comisión $LIBRA, destinada a investigar el cripto-escándalo que involucra al presidente Javier Milei. El cuerpo será conducido por Maximiliano Ferraro, dirigente de la Coalición Cívica, y tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para emitir dictamen.
La designación de Ferraro fue avalada incluso por diputados de Unión por la Patria (UP), el bloque con mayor número de bancas. La estrategia apuntó a evitar que la presidencia quedara en manos del kirchnerismo, para neutralizar acusaciones de “maniobra K” y dotar al proceso de un perfil más amplio. “Creemos que la discusión no es entre peronismo y antiperonismo ni oficialismo y oposición, sino entre quienes queremos investigar y quienes no”, planteó la diputada de UP Sabrina Selva, al respaldar al “lilito”.
El flamante presidente de la comisión adelantó que la próxima semana se buscará aprobar el reglamento interno, que incluirá eventuales sanciones para los testigos que no se presenten. Entre las posibles citaciones aparecen nombres de alto impacto político, como Karina Milei y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
La sesión también estuvo marcada por la salida del oficialismo. El jefe del bloque de La Libertad Avanza denunció un “atropello” al señalar que la comisión funciona fuera de plazo y con un mecanismo de desempate que, a su juicio, vulnera la representación proporcional. “No avalamos lo que está sucediendo. Se vulnera la representación de mayorías y minorías. Este mecanismo va a dejar un mal precedente”, sostuvo antes de abandonar el recinto.
En la misma línea, Silvana Giudici (PRO) acusó a la oposición de montar “un circo político” y cuestionó la validez jurídica de la continuidad de la comisión. Junto a LLA, también se retiraron diputados del PRO, la UCR e Innovación Federal, aunque con una excepción llamativa: el radical Mariano Campero decidió permanecer para “garantizar un debate serio”.
La comisión había sido creada en abril con 28 miembros repartidos en partes iguales entre oficialismo y oposición. Esa paridad generó un bloqueo sistemático: ninguna de las votaciones para elegir autoridades prosperó, y las dos reuniones que se realizaron fueron únicamente testimoniales.
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El impasse se resolvió mediante un nuevo proyecto que introdujo un mecanismo de desempate: en caso de igualdad, será electo presidente el candidato que represente a los bloques con mayor cantidad de diputados en la Cámara baja. Este cambio permitió que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la izquierda sumaran la mayoría necesaria para consagrar a Ferraro.
Con la presidencia definida y un calendario de sesiones fijado para los martes a las 16 horas, la oposición celebra haber puesto en marcha la investigación. El oficialismo, en cambio, insiste en que la comisión carece de validez y ya anticipó que buscará impugnar sus resoluciones.
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