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Los fiscales pusieron a la expresidenta en el centro de la acusación. Insistieron en que hubo “asociación ilícita” entre 2003 y 2015
La causa Cuadernos tuvo ayer su quinta audiencia y el Ministerio Público Fiscal volvió a colocar en el centro de la acusación a la ex-presidenta Cristina Kirchner, a quién se le atribuyó ser la “principal receptora” de los sobornos que empresarios le entregaron a funcionarios del Poder Ejecutivo.
En el tramo leído ayer ante el Tribunal Oral Federal N°7, la fiscalía sostuvo que los sobornos investigados constituyeron “actos delictuales” garantizados por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista y señaló a la exjefa de Estado como la “principal receptora” de esos pagos.
De acuerdo con la acusación, este mecanismo permitía a los funcionarios enriquecerse y asegurar la continuidad del circuito recaudatorio durante los años en que el expresidente Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner ocuparon la conducción del Ejecutivo.
Durante la quinta jornada del debate, el TOF 7 finalizó la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli y avanzó sobre la tercera pieza procesal.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó dentro del Poder Ejecutivo una asociación ilícita integrada por 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, dedicada a un sistema de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras y contratos públicos.
En este tramo, la fiscalía profundizó la imputación contra la expresidenta, al sostener que los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno y reconstruidos en la investigación formaban parte de un circuito de sobornos “perfecto”, en el que ambas partes, entre funciomarios y empresarios, obtenían beneficios.
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En el caso de la máxima autoridad del Ejecutivo, la acusación ubica a Fernández de Kirchner como destinataria central de esa operatoria.
En la audiencia también se repasaron imputaciones por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, junto con los descargos, la valoración probatoria y la calificación legal de cada imputado.
Eentre los acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta, funcionarios del Ministerio de Planificación y empresarios vinculados a firmas como Electroingeniería, Isolux e Isolux Corsán.
Cerca del final de la jornada se inició la lectura del tercer tramo de la causa, que abarca presuntos pagos vinculados a la adjudicación de obras públicas y nuevas imputaciones contra exfuncionarios y empresarios del sector de la construcción. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 2 de diciembre a las 13.30, cuando se completará la lectura del tercer requerimiento: anotaciones de Centeno, descargos, valoración probatoria y calificación legal.
En diciembre continuarán también las audiencias vinculadas a la causa “La Camarita”, que investiga la presunta cartelización de obras viales por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales; y el 18 de diciembre será el turno de los requerimientos por las causas “Trenes” y “Corredores Viales”.
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