Defensor bonaerense reclamó que no se cobre impuestos en los servicios públicos

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó a la justicia federal que declare la inconstitucionalidad de los cargos impositivos o tributarios de las facturas de los servicios públicos esenciales. Según informó la Defensoría del Pueblo, en la presentación Lorenzino argumentó que "los impuestos que se pagan en las facturas resultan confiscatorios".

"El servicio de gas debe ser accesible para todas las personas, constituye el derecho a una vida digna y a la vivienda", precisó en el escrito ingresado hoy a la Justicia Federal de La Plata. Aseguró que "nuestra postura contra los aumentos tiene que ver con la función de la Defensoría del Pueblo, que es la de garantizar los derechos de todos los bonaerenses.

Pedir un crédito para pagar las facturas, que le interrumpan el servicio a gente con graves problemas de salud, son hechos totalmente inaceptables". Otras de las medidas que solicitó el Defensor a la Justicia, es la prohibición de liquidar de manera conjunta en la misma factura de gas, los consumos específicos de los usuarios y las cargas tributarias.

Ayer, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, aceptó tratar el amparo colectivo en el que se pidió postergar al menos hasta mayo el aumento en la tarifa de gas que rige desde el 1 de abril, por considerar que se trata de una "suba inconstitucional".

Además el magistrado le otorgó un plazo de tres días al Enargas y al Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que emitan un informe sobre el nuevo cuadro tarifario, para resolver sobre la medida cautelar presentada por el Cepis.

Cepis es la misma organización no gubernamental que en 2016 demandó al Estado bajo el argumento de que el incremento de tarifas no era razonable y que violaba la obligación de realizar previamente audiencias públicas, una causa que finalizó en la Corte Suprema y que obligó al Estado nacional a frenar la suba dispuesta y armar un nuevo esquema para poder implementar los ajustes.

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La entidad había argumentado que el Gobierno anticipó "un mes la aplicación del aumento del 40 por ciento en la tarifa de gas natural por redes, cuando la normativa vigente establece que el nuevo cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1° de mayo de 2018". "De modo tal que si se aplica desde el 1° de abril afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos", subrayaron en el Cepis.