Fallo judicial aleja a jóvenes inmigrantes de la deportación

Miles de jóvenes inmigrantes que residen en EE UU celebraron ayer un nuevo fallo judicial que asesta el mayor golpe a los intentos del gobierno Trump de deportarlos, al exigir la aceptación de nuevas aplicaciones.

El juez John Bates, de Washington DC, calificó el martes de “ilegal” la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 700.000 jóvenes llegados siendo niños a EE UU con sus padres, conocidos como “dreamers” (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.

Bates aseguró que la decisión de la administración Trump fue “arbitraria” y “caprichosa”, y ordenó al gobierno continuar con el DACA y, por primera vez, reabrirlo a nuevos postulantes.

Eliana Fernández, una “dreamer” de 30 años, se emocionó muchísimo cuando escuchó la noticia.

“Me dieron ganas de llorar; estoy muy, muy contenta”, contó esta ecuatoriana madre de dos pequeños niños que es una de las demandantes contra el gobierno en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

TERCER FALLO CONTRA TRUMP

Bates es el tercer juez que falla contra la decisión de Trump de poner fin a este programa implementado por su antecesor Barack Obama en 2012, que sacó de las sombras a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Otros dos fallos similares fueron adoptados por jueces federales de California y Nueva York.

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“Es una gran victoria para nosotros ver que el tercer juez federal ha dicho que la terminación del DACA ha sido ilegal”, afirmó Fernández. “Victorias como éstas alientan a seguir y nos dan esperanzas, y espero que el Congreso lo vea y decida actuar y darnos una solución permanente”.

Si no fuese por los fallos de San Francisco y Nueva York, un promedio de 122 jóvenes con DACA quedarían cada día sin papeles, amenazados de deportación, según ONGs de defensa de los inmigrantes.

Gracias al DACA, los jóvenes inmigrantes sin papeles obtuvieron un permiso temporario de residencia en EE UU y la chance de aplicar para universidades y préstamos, un número de seguridad social para trabajar y la posibilidad de tramitar una licencia de conducir.

La decisión del juez Bates otorga al gobierno un plazo de 90 días para explicar mejor por qué estima que el DACA es ilegal, y si no lo hace, anulará el memo que puso fin al programa el 5 de septiembre de 2017 y ordenará aceptar a miles de nuevos jóvenes con condiciones para aplicar al DACA.

La suerte definitiva de los Dreamers está finalmente en el Congreso, que hace más de 15 años debate proyectos de leyes migratorios pero nunca ha logrado ponerse de acuerdo sobre qué hacer con estos jóvenes ni con el resto de los 10 millones de indocumentados que viven en EE UU. (AFP y AP)