El Municipio acude a la Justicia por la ocupación del edificio de Control Ciudadano en 20 y 50

Tras una tensa semana en la que trabajadores se manifestaron en la sede de Control Ciudadano, en 20 y 50, en rechazo a despidos en el área y para exigir estabilidad laboral, el conflicto acaba de sumar un nuevo capítulo: en las últimas horas, la Municipalidad de La Plata elevó una denuncia penal para que se investigue el accionar de un grupo de representantes gremiales de UPCN, quienes, según denuncia la Comuna, “protagonizaron ´hechos de violencia´ al realizar de forma ilegal la toma del edificio de la Secretaría de Convivencia y evitar el normal funcionamiento de la dependencia”.

En la denuncia, presentada por la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Comuna, se sostiene que “un grupo minoritario de agentes junto a representantes de UPCN actuaron bajo el delito de ´coacción´ al realizar “hechos de violencia” al buscar “ocupar ilegítimamente las instalaciones de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano”.

En la presentación efectuada por el Subsecretario Fernando Padován, se denunció que el reclamo incluyó ´actitudes intimidatorias´ de continuar con la toma en caso de que no se reincorpore al personal que había sido cesanteado por incumplir con sus obligaciones al ausentarse de forma sistemática de sus puestos de trabajo y no cumplir con sus obligaciones laborales, según se precisó.

“Procedieron mediante amenazas y coacción a la ocupación clandestina del edificio, colocando banderas, suscitando tumultos y desórdenes, efectuando ruidos, utilizando tambores y elementos afines, impidiendo el normal desempeño de las actividades de las áreas al punto de no permitir la salida de los móviles respectivos, y amenazando al personal que quería desempeñar sus tareas habituales, debiendo por seguridad suspender las actividades que se desarrollaban en el área de planta baja”, se explicó desde la Municipalidad.

En ese marco, en la presentación se consideró que “dichas conductas delictivas no se encuentran inmersas o comprendidas del libre ejercicio del derecho de huelga, resultando antijurídicas las acciones adoptadas por fuera de las vías institucionales subsumiéndose en consecuencia en alguno de los tipos penales previstos”.

En ese contexto, se requirió al juez de Garantías el “cese del estado antijurídico”, y el “normal funcionamiento” de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, en salvaguarda del orden público y el principio de legalidad, además de la tutela judicial continua y efectiva.

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DOS POSTURAS

Como ha venido informando este diario, los trabajadores señalan que son dos los ejes de la medida de fuerza: uno es la marcha atrás a “los despidos de las últimas semanas” y el otro la “garantía para la continuidad laboral de los compañeros”.

Según contabilizaron, asciende a 28 la cantidad de empleados dados de baja “sin causas que justifiquen esas medidas”.

En cambio, desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se informó que se tomó la decisión de no renovar el contrato de 28 trabajadores, ya que los mismos “no cumplían con las tareas asignadas, se ausentaban, no respetaban los horarios o no asistían a los operativos correspondientes”.

Según explicó el titular de dicha dependencia, Roberto Di Grazia, “esta secretaría cumple una función específica muy importante para mantener el orden público y la seguridad de los vecinos. De ninguna manera podemos permitir el incumplimiento de las funciones por parte del personal, ya que el mismo es vital para la comunidad”.

Anticipó que en los próximos días se hará una convocatoria pública para cubrir con personal especializado los cupos laborales de la Secretaría, dándole especial oportunidad a estudiantes y/o egresados universitarios que tengan vocación de trabajar como agentes inspectores.