El Gran Acuerdo Nacional es, por ahora, sólo una carta de intención

Dos imágenes resumieron ayer la política argentina: por un lado el presidente Mauricio Macri parado frente a un atril en el salón de conferencias de la quinta de Olivos, donde anunció una aceleración del ajuste fiscal; y por otro lado el senador Miguel Pichetto, del PJ federal que se alinea con los gobernadores, anticipando en una reunión de comisión de la Cámara alta que su bloque votará el proyecto de reducción de las tarifas que fue sancionado por los diputados.

Traducción: el “gran acuerdo nacional” que el Gobierno propone a la oposición más moderada -que no incluye al kirchnerismo ni a la izquierda- tropieza de movida con desacuerdos ostensibles sobre el manejo de la economía. Hasta ahí, nada nuevo en la política doméstica, pero ahora se presenta un nuevo actor, que es el Fondo Monetario Internacional. En palabras del Presidente, el organismo establecerá “en qué números” se siente “cómodo en la reducción del déficit fiscal”.

Ese es, precisamente, el condicionamiento que pondrá el FMI para aprobar un préstamo “stand by” a la Argentina, que le permitirá a la administración de Cambiemos financiarse ante el cuello de botella que presentan actualmente los mercados internacionales. Desde Olivos, Macri consideró ayer “superada” la crisis cambiaria, que devaluó al peso argentino frente al dólar norteamericano, pero advirtió que ahora se abre una nueva etapa en la que la dirigencia debe ser “pragmática”.

Esto es, definir entre todos –Gobierno y oposición- cómo se hará para reducir el déficit fiscal, que es según el Presidente la “mochila” que tiene puesta la Argentina desde hace décadas y que no la deja avanzar ni prosperar. “Esta tarea va a ser incómoda pero hay que hacerla”, sostuvo el primer mandatario. Y agregó: “Los argentinos necesitan dirigentes que resuelvan”. Como si empezara a barajar la idea de responsabilizar a toda la clase política por el fracaso económico argentino.

Por cierto que Macri y la mesa chica del Gobierno no circunscriben esa situación a los últimos dos años, sino que se remontan a siete décadas atrás. Las cuentas son sencillas: en aquel momento gobernaba el primer peronismo. En la óptica oficial, desde entonces la Argentina hizo carne la cultura de inflar los presupuestos, sin tener en cuenta el financiamiento. En la misma línea de razonamiento incluye el Presidente el proyecto opositor para morigerar el impacto tarifario.

En la conferencia de prensa de la que participó EL DIA, Macri hizo malabares para evitar pronunciar la palabra “veto”, pero dejó en claro que la sanción de esa iniciativa iría a contramano de la “aceleración” del ajuste fiscal que impulsará su administración, en línea con lo que se está negociando con el Fondo Monetario en Washington. La Casa Rosada apela a la intervención de los gobernadores para frenar la avanzada opositora contra la política energética de Cambiemos.

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Pero esos mismos gobernadores, los del PJ específicamente, son los que tienen a Pichetto como su voz política en el Senado. Ayer mismo, según pudo constatar este diario, el legislador por Río Negro advirtió: “A veces el Parlamento no sanciona la mejor ley, pero lo hace para enviar una señal al Poder Ejecutivo, para decir que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo”. El mensaje de Pichetto fue concreto: no habrá acuerdo alguno si Macri no retrocede con las tarifas.

Entre una visión y otra de la realidad política y económica del país, parece haber un campo de distancia. El Gobierno intentará angostarlo mediante la acción de su nueva mesa política, que ayer se reunió en Olivos antes de la conferencia de Macri. Allí estuvieron los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, el diputado Emilio Monzó y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La etapa de la pureza del PRO en la toma de decisiones trascendentes puede haber quedado en el pasado.