Piden que se prohíba salir del país al ex gobernador Scioli y se lo embargue en $189 millones

El ex gobernador Daniel Scioli quedó ayer más comprometido en la causa que investiga la presunta adjudicación irregular de obras de construcción de unidades sanitarias durante su gestión. El fiscal platense Alvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación, pidió que se dicte la prohibición de salir del país y un embargo por 189 millones de pesos contra el ex mandatario. El planteo también incluye al ex ministro Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller, cercano a Scioli, ambos sospechados de ser parte de las supuestas maniobras.

La medida, que ahora deberá analizar la jueza de Garantías Marcela Garmendia, fue pedida por Garganta ayer, apenas un día después de que Scioli se presente en la Fiscalía y deje una declaración por escrito en la que aseguró ser inocente de los cargos que le imputan y rechazó haber recibido dádivas de empresarios para direccionar licitaciones, tal como asegura la denunciante Elisa Carrió.

La causa investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), con la carátula de “Negociaciones incompatibles a la función pública”. Concretamente, la Justicia tiene bajo la lupa quince obras públicas por un monto total de 189.200.000 pesos

En los fundamentos del pedido para que Scioli no pueda salir del país sin autorización judicial, al que tuvo acceso EL DIA, Garganta explica que a Scioli y Collia se los acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo con “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por eso, en virtud de lo que dispone el Código Procesal Penal provincial, el fiscal pide la inhibición general de bienes contra Scioli, Collia y Miller por 189.200 millones de pesos, esto es “hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas”.

En su pedido, Garganta destaca que la Convención de las Naciones Unidas “estableció expresamente que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto”

LE PUEDE INTERESAR

Bullrich salió a cruzar al jefe de la Policía y dijo que “su declaración no fue lo más feliz”

LE PUEDE INTERESAR

Ponen en venta la histórica sede de la Uocra y retiran los bustos de Perón y Eva

En cuanto a la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial, Garganta detalla que “se encuentra prevista en el artículo 103 de la Ley de Concursos y Quiebras, hasta el esclarecimiento de la situación patrimonial del fallido”. “Ello, amén que sin perjuicio de lo dicho sobre la cautela personal, razones de elemental prudencia, aconsejan ésta mínima interferencia de no perder contacto con los imputados”, destaca el titular de la UFI 11.

Además, en los fundamentos del pedido elevado a Garmendia, Garganta señala que el pedido de que no dejen cruzar la frontera a Scioli es “en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.

TESTIMONIO POR ESCRITO

Scioli presentó su descargo por escrito ante las acusaciones que se investigan en la causa el jueves pasado. El ex mandatario dijo que “totalmente falsa” su supuesta “relación especial con uno de los proveedores”, y consideró que Miller “accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso”.

Por otro lado, subrayó que “jamás” utilizó los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44 Raven-II de Miller y añadió: “Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes no me encontraba en Villa La Ñata”.

Además, destacó que “jamás” dio instrucción alguna “a nadie para favorecer a ningún proveedor”, e insistió con que “todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución”.