Los secretos de la “banda del comisario” y sus vinculaciones con casos resonantes

Como pasa con las novelas cuyo relato se construye sobre la interacción de muchos personajes a lo largo de un tiempo largo, con incidentes ligados a lo que pasó y disparadores de lo que vendrá, para entender la causa de la llamada banda del comisario es útil plantear una suerte de “hoja de ruta”, con los nombres de los imputados, las sospechas que pesan sobre ellos y los hechos que aparecen mencionados a lo largo de las 125 fojas que escribió la fiscal Betina Lacki para pedirle a la jueza Marcela Garmendia que los detenga.

Algunos ya estaban presos, uno tenía domiciliaria y todos fueron aprehendidos el lunes pasado en 18 allanamientos simultáneos que hicieron policías de la Federal y de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sin intervención de la Bonaerense.

Es que entre los acusados se destacan el comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta ese día prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (personal de la Segunda). Completan el listado Javier Ronco; Angel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Qichua” Manes; Carlos Bertoni; Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia: Héctor “Pepe” Vega, y Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández.

“Con anterioridad al 1 de diciembre de 2010 y por lo menos hasta ese momento, al menos ocho hombres, en la ciudad de La Plata y alrededores, tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrar una asociación destinada a cometer reiterados hechos ilícitos de distinta naturaleza, robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”, argumentó Lacki en su planteo, explicando que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”. El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”.

Abundan en la causa testimoniales, pero también desgrabaciones de escuchas telefónicas entre éstos y otros personajes, en los que hablan abiertamente de robos, mejicaneadas y ajustes de cuentas.

El expediente menciona, además, varios casos policiales de la última década que tuvieron altísimo impacto mediático y en los que esta banda -presuntamente liderada por Bursztyn y Mena- habría tenido una participación directa o vinculaciones con algunos de sus responsables.

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robo, reproches y crimen

Uno de esos hechos es el escruche ocurrido el 18 de julio de 2010 en la casa de Roberto Zapata, mientras éste y su familia festejaba su cumpleaños en un salón de fiestas. Mucho se especuló con el monto de dinero que los ladrones se llevaron aquel día, aunque el reporte oficial dio cuenta de 60 mil pesos y joyas.

Menos de cinco meses después, el 1 de diciembre de ese año, por lo menos 5 hombres llegaron al edificio de 44 entre 26 y 27, donde vivía Juan Farías, ingresaron con la llave que tenían y lo abordaron cuando ingresó en el garaje con su auto.

Uno lo retuvo en el hall, mientras el resto subió al departamento de Farías para exigirle a su mujer “la plata grande” y huir un rato después con joyas muy valiosas, 500 pesos y 5.000 dólares que estaban en el marco de la puerta. A la esposa de Juan la encerraron en la pieza con su hija y a Farías le pegaron cuatro tiros. Los criminales escaparon en dos autos.

La hipótesis que plantea Lacky es que “desde el momento de la planificación del robo existieron diferencias entre Gustavo Bursztyn y la víctima Farías” y, una vez concretado el golpe, “las responsabilidades dentro de la organización recayeron sobre Farías”, que terminó muerto.

“La banda sufrió un punto de inflexión con la muerte de Juan Farías”, enfatizó la fiscal, aunque “surge de las escuchas telefónicas que siguen llevando adelante sus actividades criminales”, indicó.

el asesinato de un nene

Según Lacky,. “para comprender acabadamente la causa debe hacerse un análisis integral de situaciones que, analizadas individualmente, quizás no tendrían la relevancia” que les da el contexto. Menciona en este punto un doble crimen ocurrido el 6 de diciembre de 2009, en 10 y 487, de Gonnet. Fue a las 5 menos cuarto de la tarde, cuando la calle no estaba precisamente desierta.

Llegó al lugar un Ford Ka gris que conducía una mujer, acompañada por otra, del que bajaron tres hombres que increparon a cuatro jóvenes por “diferencias”. Según figura en la causa, enseguida sacaron las armas y, “pese a haber observado que había menores jugando”, hicieron varios disparos. Los muchachos a los que fueron a enfrentar salieron ilesos, pero mataron de un tiro en la cabeza a Santiago Pellegrini, de 8 años.

Por esta causa fue imputado un policía que “prestó servicios junto a Bursztyn y Mena” y también fue condenado por el robo en la secretaría de Derechos Humanos.

golpe en derechos humanos

Este hecho sucedió el 30 de diciembre de 2009, a las 17.30, en 8 y 53, donde dos hombres irrumpieron en las oficinas y encañonaron a quien entonces era titular de ese organismo - Sara Derotier de Cobacho y a sus empleados- antes de precintarlos y apoderarse de dinero, celulares y una cámara de fotos, entre otras cosas. Desde un primer momento se sospechó que lo que fueron a buscar era una notebook con información sensible, que, días después, Mena entregó al ex juez César Melazo en una reunión que mantuvieron en el departamento de Juan Farías. Hay que aclarar que Melazo no era el juez de la causa y que por el robo cayó un policía que trabajaba entonces en la Segunda, cuando Mena era jefe de calle y Bursztyn jefe de esa misma seccional. ¿Casualidades?

doble homicidio en camino negro

El 5 de enero de 2008, un hombre y una mujer aparecieron heridos de bala dentro de un auto Volkswagen Gol, en el camino Negro que une Villa Elisa con Punta Lara. Ella, María Martini, ya estaba muerta. El, Carlos Rodríguez, falleció en el hospital de Gonnet.

Según la investigación, el muchacho habría obtenido fuertes sumas de dinero con robos bajo modalidad escruche, que invertía en la compra de autos que “dejaba en consignación en una agencia de 38 entre 139 y 140”, de Javier Ronco.

Por testimonios se llegó a la conclusión de que el encargado de esa agencia “tuvo diferencias” con Rodríguez por los montos obtenidos de las ventas de esos autos, lo que derivó en el doble crimen. Ronco aseguró que al momento del hecho estaba en San Clemente, pero la antena de su celular arrojó que se encontraba en La Plata. Lo detuvieron seis años después y terminó denunciando al ex fiscal Tomás Morán. Declaró que lo había contactado varias veces por teléfono intimándolo a negociar su situación bajo el monto de 30 mil dólares.

Ronco detalló que el fiscal hasta habría enviado “emisarios” para “apretarlo”, entre los que nombró a un conocido abogado y a un jefe policial. Morán fue apartado y el acusado del doble crimen, con buena salud y menos de 40 años, terminó con arresto domiciliario.

“En esa causa- detalla Lacki -desapareció una gorra que fue secuestrada en el lugar del hecho y presumiblemente pertenecía al autor. ¿Casualidad? no lo creo. Es cierto, no desapareció un video que registró el momento del hecho, pero también es cierto que en el lugar ese homicidio no había cámaras”.

“eliminar la competencia”

En octubre del año pasado, Manes -que estaba con arresto domiciliario por el crimen de Farías (con 47 años, y, de nuevo, excelente salud)- volvió a la cárcel involucrado en una causa por presunta venta de drogas, en la que cayó con otras siete personas.

En esos operativos se secuestraron más de 210 gramos de cocaína, cuatro plantas de marihuana de unos dos metros de altura y unos 35 mil pesos.

El dato que rescata Lacki, y cobra importancia en el contexto, es que “surge de las escuchas telefónicas cómo Gustavo Mena aporta datos sobre venta de drogas a personal policial”, como surge también “el interés subyacente de esa cooperación, cual es eliminar la competencia”.

el falso juez

Uno de los detenidos por la megacausa es Jorge Gómez de Saravia, apodado “el fiscal” y sindicado por fuentes judiciales y policiales como un “conocido estafador”. Una de las historias por las que lo procesaron se remonta al 25 de octubre de 2017, cuando un hombre llamó a la guardia de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de La Plata y se presentó como Arnaldo Corazza, ex juez Federal N° 3 de La Plata, para ordenar una vigilancia encubierta en un domicilio y detener a las personas que descubrieran vendiendo droga. La diligencia se hizo, pero cuando la policía llamó al juez para informarle del procedimiento, éste negó estar al tanto. Según se estableció después, el llamado salió del teléfono de Gómez de Saravia.

En el pedido de detención, y luego de exponer “solamente algunos ejemplos” de lo que surgió de estos cuatro años de investigación, la fiscal se preguntó “¿cómo pudo ser esto posible? La respuesta -dice- parece clara. Efectivos policiales que comparten información con ellos (la banda) so pretexto de actuar como informantes, lo cual necesariamente implica que informan los hechos de los demás y para la comisión de los propios gozan de protección. Reuniones por el Día del Amigo en el domicilio de un efectivo policial al cual concurren delincuentes, policías y un juez penal. Situaciones que por acción, participación activa o por omisión, teniendo en cuenta las cuantiosas declaraciones de personal policial que conocían su funcionamiento, permitieron que siguieran funcionando”.

“Reuniones por el Día del Amigo en la casa de un policía, con delincuentes y un juez penal”

Presumen que uno de los policías presos se llevó las vainas de la escena del crimen de Farías