Al final, en Educación dicen que seguirán evacuando las escuelas ante las amenazas de bomba

Al final no habrá giro en la metodología de actuación ante las imparables amenazas de bomba en la Región: en la cartera provincial de Educación remarcaron que se seguirá aplicando el protocolo, o sea, evacuando las escuelas.

El supuesto “giro” se había planteado anteayer, cuando se conoció la resolución del fiscal platense Álvaro Garganta, en la que se daban instrucciones de no evacuar los establecimientos educativos si el único elemento probatorio para acreditar la verosimilitud de la intimidación era la llamada recibida.

De esa forma, la medida del fiscal proponía un cambio en los operativos que se implementaban hasta ahora con el objetivo de ponerle un freno a la seguidilla de casos que a diario sucede en la Región y que genera la pérdida de muchas horas de clases para los alumnos.

Pero en las últimas horas el fiscal aclaró que la resolución estaba dirigida a la Policía Bonaerense y “como no podría ser de otra manera es sin perjuicio, de las medidas y/o utilización de protocolos, que la Dirección de Escuelas a su digno cargo estime pertinente tomar ante estos eventos, en los establecimientos que resultan amenazados”.

A partir de ello es que desde el área de Educación confirmaron que, pese a la disposición judicial, se seguirán implementando como hasta ahora los protocolos de seguridad en todas las escuelas de la Provincia.

Con esta aclaración de que la Policía no puede dar la orden de evacuación, la facultad de hacerlo corre sólo por cuenta de los directivos de los establecimientos, quienes, por disposición de Educación, deberán emplear el protocolo correspondiente y evacuar las instalaciones.

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Por otro lado, en Berazategui, una estudiante de 34 años de magisterio de educación inicial por 16 hechos de intimidación pública al Instituto de Braun Menéndez. La acusada era alumna del lugar y hacía los llamados cada vez que tenía que rendir.

En Berazategui detuvieron a una alumna de magisterio por falsas amenazas de bomba

La investigación, encarada por la fiscalía 21 de Pablo Leguizamón llevó diez meses. El jueves “a las 18.40 realizó una nueva amenaza y luego de un procedimiento en el lugar, con el audio del llamado, se identificó su voz y se la requisó y se le secuestraron dos teléfonos celulares, uno sin tarjeta SIM, desde donde habría realizado las llamadas al 911”, dijeron voceros judiciales.

Como ya ha explicado este diario, cualquiera sea la razón que las motiva, lo cierto es que las amenazas generan problemas muy concretos. Entre los que enumeran padres y funcionarios de Educación y de Seguridad se cuentan la pérdida de horas de clase, los riesgos que representa el tener que evacuar grandes cantidades de chicos - a veces incluso a espacios abiertos o a la calle- y la necesidad de distraer recursos de segturidad destinados a la prevención del delito para atender la alta demanda de respuesta que exigen los operativos que motiva una amenaza de bomba (ver gráfico).

Cada falso llamado genera, a su vez, cuantiosos gastos a las arcas públicas. A la hora de considerar esos costos, desde las secretarías de Seguridad de la región se habla de erogaciones que, por cada operativo, oscilarían entre los 30.000 y los 60.000 pesos. Si se consideran también los gastos judiciales, la cifra ascendería a los 100.000 pesos.

Asimismo, las amenazas de bomba tienen otro impacto asociado y es sobre las rutinas de los hogares. Los padres deben salir corriendo hacia los colegios a retirar a los chicos o viven alarmados porque sus hijos están en parques o plazas esperando que los especialistas revisen las instalaciones educativas.

La semana que pasó no fue la excepción. En el Normal 1, por caso, alcanzaron ya una veintena de intimidaciones por supuestos artefactos explosivos, todas las cuales resultaron ser falsas. Padres y alumnos están hartos. Exigen soluciones inmediatas que nadie les brinda. Y por ello se está organizando una protesta para el lunes próximo.