En un nuevo capitulo de la controversia entre poderes del Estado Provincial por la situación de hacinamiento de presos en cárceles y comisarías bonaerenses, un tribunal judicial sumó un nuevo informe que indica un agravamiento del escenario descripto en las intervenciones de la Justicia en 2017 y citó al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari a dar explicaciones sobre ese cuadro y las mejoras a aplicar para descomprimirlo.
El juez Eduardo Esquenazi , del tribunal de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata, emitió el fallo en el marco de una causa iniciada con un amparo colectivo de la Defensoría de Casación de la Provincia junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria, donde señala que tras una serie de gestiones iniciadas en 2017, con una mesa de diálogo integrada por la cartera de Justicia y los organismos que realizaron la presentación, el Tribunal realizó nuevas inspecciones entre marzo y junio en 9 unidades penales. El panorama, según el juez, indica que la población carcelaria sigue en aumento “duplicando o triplicando la capacidad de las celdas, colocando en los escasos espacios libres existentes, colchones o solo mantas, cuando los primeros ni siquiera calzan en esos sitios, debiendo dormir por lo menos uno de los internos al lado del sanitario que será utilizado durante toda la noche y al cual no se podrá acceder sino caminando sobre los compañeros de celda, que deben dormir en el suelo”.
El cuadro tiene como antecedente datos citados en el fallo “no controvertidos por el Ministerio de Justicia” según los que para el mes de marzo de este año, ante una capacidad carcelaria de 28.810 plazas en toda la Provincia, las alcaidías y unidades penitenciarias reunían 40.402 presos.
En tanto, 3.470 personas estaban alojadas en comisarías debido a la falta de otorgamiento de cupo por parte del Servicio Penitenciario.
De marzo hasta acá, la situación no mejoró. En 44 de las 51 cárceles se detectó el aumento de personas detenidas.
El juez indicó en el dictamen del 31 de julio que “pudieron verificarse en distintas unidades otros mecanismos para aumentar indebidamente la capacidad poblacional de las celdas, como la instalación de precarios camastros de madera de dimensiones mínimas, con un ancho inferior a 50 centímetros o bien asignando a dos internos un mismo colchón, tensionando todas aquellas circunstancias la convivencia de sus ocupantes”.
Este deterioro, también tiene como antecedente una objeción realizada por el Tribunal a las autoridades de Gobierno, cuando presentaron, en febrero pasado, su plan para “revertir la situación de hacinamiento”. Se cita que una representante de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia anunció para este año la inauguración de dos penales (Campana y Lomas de Zamora) y la ampliación de dos alcaidías (San Martín, Lomas). En total, sumarán 1.108 plazas, un número que para Esquenazi resultaba “insuficiente. Según se señala en el fallo en 2017 ingresaron a un sistema ya desbordado, 3.928 personas. Así el juez pidió a Justicia presentar un nuevo plan en junio “que tuviera en cuenta la real situación de sobre población carcelaria existente” y la desbordante situación generada en las comisarías. En otros fallos, jueces platenses realizaron relevamientos que mostraron sobre población en calabozos de varias comisarías de La Plata y Ensenada e incluso en la Jefatura Departamental. Esquenazi citó a Ferrari y al subsecretario de Política Penitenciaria para tratar alternativas dedicadas a “descomprimir” la situación en las comisarías y detener el “constante aumento” en las cárceles.
RESPETUOSOS DE LA JUSTICIA
Un vocero del Ministerio de Justicia adelantó ayer que responderán ante el tribunal, en la audiencia del 23, pero no precisó si acudirá el titular de la cartera. “Siempre somos respetuosos de la Justicia y se darán todas las explicaciones en la audiencia”, indicó la fuente.
Mario Coriolano, Defensor de Casación Provincial consideró “ejemplar resolución”, dijo y añadió que “ante la crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro en la Provincia la resolución merece ser destacada por el rigor en la descripción de la situación con cifras actuales y comparadas y el análisis de lo actuado en el hábeas corpus colectivo”. El funcionario concluyó en que “la convocatoria a una audiencia al ministro de Justicia y a los demás actores que son parte en el hábeas Corpus abre una oportunidad para empezar a transitar, tal vez, un nuevo camino”.
Otros datos: en una audiencia previa, el 12 de julio, el Ministerio de Seguridad informó que con 1.021 plazas, las 138 comisarías con celdas, alojaban 3.539 detenidos y 63 tenían presos pese a tenerlas clausuradas. Eso, porque el Servicio Penitenciario no habilita cupos en las cárceles. El cuadro: “no pueden manejar el exceso de población existente”, reprodujo el juez palabras de esos funcionarios.
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