Una ola de vandalismo pone a prueba en Brasil las políticas de seguridad de Bolsonaro

BRASILIA

Una ola de vandalismo en el estado de Ceará, por la que hasta ayer fueron detenidas unas cien personas, supone la primera prueba para las políticas de seguridad del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha prometido una lucha sin cuartel contra el crimen.

Los ataques, en su mayoría incendiarios, comenzaron la noche del miércoles pasado y el viernes llevaron al ultraderechista Bolsonaro, ex capitán de la reserva del Ejército que asumió el poder el 1 de enero, a enviar hacia esa región del noreste del país a unos 300 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.

Las tropas federales fueron desplegadas sobre todo en la ciudad de Fortaleza, la capital regional y uno de los principales puntos de turismo en el noreste brasileño, que está en alta temporada en ese balneario de playas y aguas cristalinas.

Las autoridades sospechan que los atentados fueron ordenados desde el interior de las prisiones, que en Ceará como en buena parte del país están virtualmente controladas por bandas criminales que disputan territorios para la venta de drogas u otros delitos.

Esa presunción se basa en que los ataques comenzaron luego de que el Gobierno regional anunciara medidas que apuntan a endurecer los controles en las prisiones y a frenar las actividades ilegales que dirigen los jefes de esas bandas desde el interior de las cárceles.

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Según la Policía Civil de Ceará, el número de detenidos en los últimos días llegó ayer a 103 y los atentados, en su mayoría incendiarios y contra micros de transporte público y estacionamientos, sumaban 90 desde que comenzó la ola de violencia.

El despliegue de tropas federales, sin embargo, surtió algún efecto ya que desde su llegada a ese estado hubo sólo siete ataques, todos en regiones del interior del estado.

El gobernador de Ceará, Camilo Santana, aseguró que las autoridades no cederán en su lucha contra el crimen organizado. En ese sentido ya se había pronunciado la semana pasada el propio Bolsonaro, quien durante su campaña para las elecciones de octubre pasado tuvo entre sus principales banderas el endurecimiento del combate al crimen, que en el país causa unas 60.000 muertes por año.

Bolsonaro volvió a pronunciarse ayer sobre la violencia, pero para lamentar la muerte de un agente de la Policía Militar de Río de Janeiro asesinado en un intento de asalto el sábado a la noche.

“Mi pésame a la familia de otro PM asesinado en Río de Janeiro, el soldado Mariotti. La cacería de agentes de seguridad y la masacre de los ciudadanos de bien siempre fueron tratados como números”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Según Bolsonaro, los poderes “Legislativo, Ejecutivo y Judicial juntos deben, con la ley, propiciar las garantías para que el bien venza al mal”. Una de las principales medidas para reforzar el combate al crimen que ha prometido Bolsonaro es liberar el comercio de armas e inhibir la acción de los delincuentes con una población que pueda ejercer la “autodefensa”.

Esa propuesta, que deberá pasar por el filtro del Parlamento, se complementa con otra que apunta a dotar de “protección jurídica” a los policías que maten a un delincuente en “ejercicio de su deber”.

Según ha dicho Bolsonaro, la Policía debe “resolver” el problema del crimen y si “mata a diez, quince o veinte (delincuentes), con diez o treinta tiros a cada uno, un agente debe ser condecorado, no procesado”.

La situación en Ceará supone la primera prueba para las políticas de seguridad de Bolsonaro, y es también el primer examen para el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, quien ganó fama de “implacable” como juez de la operación Lava Jato anticorrupción, que llevó a la cárcel a decenas de políticos, entre lo que está el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (EFE)