Reclamos por los aumentos en el precio de los medicamentos

La suba del 20 por ciento en el precio de los medicamentos en los últimos dos meses y una caída ostensible en las ventas, tal como acaba de señalarlo un relevamiento efectuado por Defensa de Usuarios y Consumidores, constituyen referencias alarmantes que obligan a las autoridades a impulsar medidas encaminadas a garantizar el acceso de la población a esos productos destinados a proteger su salud. Esa situación fue, además, confirmada por autoridades del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, quienes revelaron asimismo que, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, los pacientes buscan genéricos más baratos y redujeron la compra de los medicamentos de venta libre.

Tal como se informó en la edición de la víspera, la entidad que defiende a los consumidores consideró que después de la devaluación del 12 de agosto pasado la industria farmacéutica remarcó la totalidad de los productos que elabora , aplicándose un aumento promedio del 20 por ciento para ese mes. Asimismo, desde DEUCO agregaron que la industria siguió durante septiembre y octubre elevando los precios de los medicamentos. Además, presentaron ejemplos de laboratorios que aumentaron sus precios en septiembre y luego reincidieron en el mes de octubre.

Se destacó que en agosto las asociaciones de consumidores pidieron a las autoridades de Salud y a la secretaría de Comercio que, en resguardo de la salud de la población y para facilitar el acceso a los medicamentos que son un bien esencial, suspendiera los aumentos de los medicamentos hasta que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. En esa oportunidad también se solicitó que se retrotrajeran los precios de los fármacos al 10 de agosto, día previo a la brusca devaluación de la moneda, pero apuntaron que las autoridades nunca contestaron.

No es esta la primera oportunidad en la que, por una u otra razón, los medicamentos se convirtieron en productos demasiado caros para el ingreso promedio de los habitantes, así se hable de personas afiliadas a la obra social y, mucho más, de quienes no cuentan con una mutual que les haga accesible la compra de remedios.

Como prioridad indiscutible y excluyente del tema, por encima de otras consideraciones, no debe relativizarse en modo alguno el absoluto y específico derecho a la salud que asiste a la población. Resulta inimaginable que ningún habitante pueda verse privado de medicamentos y, mucho menos, que ello pueda ocurrir por el costo económico que representan.

La salud es un bien inalienable, cuya atención integral debiera encontrarse garantizada sin excusas. No existe motivo alguno que autorice a poner en juego el derecho de todos habitantes a tener acceso a los medicamentos que necesite. Este derecho natural y expresado en la ley obliga a los organismos competentes del Estado, en su rol de fiscalizadores, a intervenir y sumarse activamente a la cuestión, extremando esfuerzos en la búsqueda de acuerdos con las partes.

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Resulta inimaginable que ningún habitante pueda verse privado de medicamentos. La salud es un bien inalienable, cuya atención integral debe encontrarse garantizada sin excusas. En este delicado caso, lo que está en juego es el derecho de toda la población a tener acceso a los medicamentos que necesite.

Así como se presentan situaciones críticas en los hospitales públicos, en donde, por ejemplo, se ha venido constatando la migración de profesionales y la falta de insumos médicos, en este caso corresponde que las autoridades asuman la responsabilidad que les concierne, para que el mercado permita que la población pueda tener, disponibles y a precios razonables, los medicamentos que su estado de salud reclama.