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Una nueva denuncia judicial por la realización de obras “sin control” en la isla Santiago fue presentada ante la Justicia provincial por una organización ambientalista, basada, según fundamentó, en la ejecución de obras carentes de los estudios exigidos por tratarse ese territorio de un área protegida, considerada de alto valor ecológico.
Tal como se dijo ayer en este diario, el eje de este nuevo reclamo se apoya en la Ley 12.756, que declaró a Isla Santiago y la Isla Paulino como “Paisaje Protegido de Interés Provincial” y estableció como objetivo la preservación integral de sus condiciones naturales, históricas y urbanísticas. En ese marco, la normativa dispone que toda obra que pueda alterar ese equilibrio debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa.
La reciente y nueva presentación fue realizada ante el fuero Contencioso Administrativo de La Plata por la ONG Nuevo Ambiente y apunta a lo que consideró como “graves y reiterados incumplimientos” por parte de las autoridades responsables.
La isla Santiago pertenece jurisdiccionalmente al municipio de Ensenada y está separada por el canal de acceso al puerto local de la isla Paulino, que pertenece a Berisso.
Según señalaron los denunciantes, en la Santiago se registran movimientos de suelo, loteos, repavimentación y colocación de luminarias sin control técnico ni autorización correspondiente, en abierta contradicción con la normativa vigente y con resoluciones judiciales previas.
Sin embargo, los ambientalistas sostuvieron que no se está cumpliendo con los mandatos judiciales y advirtieron que los fallos de la Justicia no consisten “en una opción, ni se trata de una cuestión de criterio político: es una obligación legal”, al igual que la intervención de organismos técnicos y de consultas a autoridades ambientales en las obras cuestionadas. Se sostuvo que esta situación configura un incumplimiento en las funciones de las autoridades y que refleja “un acto impune de los funcionarios de la Municipalidad de Ensenada, quienes priorizan intereses económicos individuales por sobre la protección de los recursos naturales”. Alertaron además sobre los impactos ambientales de las obras en curso, con alteraciones a la flora y a la fauna.
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Distintos especialistas coinciden en que siempre es imperativo, en materia ambiental, actuar con prontitud, ya que los daños que pueden inferirse pueden llegar a ser irreversibles. Se habla de proteger patrimonios ricos que, también, le interesan a toda la Región.
Las islas no pueden en modo alguno quedar expuestas al arbitrio de nadie, sino enmarcadas y resguardadas en las protecciones que la ley ordena. Eso es lo que volvió a definir las medidas cautelares y otras decisiones de la Justicia sobre la isla Santiago, cuyos principios de autoridad y vigencia no deberían desestimarse.
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