“Cepo” educativo: ¿deben publicarse los resultados de las pruebas Aprender por escuela?

Días atrás, un fallo de la Justicia salteña ordenó al Ministerio de Educación de la Nación entregar los resultados de las pruebas Aprender de cada escuela de la provincia a un padre, algo que está prohibido por el artículo 97 de la Ley N° 26.206. El Gobierno apeló y, ahora, el caso se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia. Desde los Tribunales, más allá de la política educativa, se reavivaba una polémica: ¿Debe el alumno, su familia, cualquier persona poder acceder a las calificaciones de las evaluaciones estandarizadas? ¿Deben poder compararlas con otros establecimientos? ¿O deben continuar en el anonimato, como hasta ahora?

La Ley de Educación Nacional es taxativa: los datos e indicadores que se hagan públicos no podrán revelar “la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

Por eso, en Argentina los resultados se difunden a nivel nacional, provincial y municipal. Jamás por escuela: ni el alumno ni su familia sabrán nunca cómo le fue -ni a él ni a sus compañeros- en las pruebas Aprender. Apenas, las autoridades distribuyen hacia el interior de los colegios los resultados de las evaluaciones, enumerando logros y dificultades, pero sin posibilitar la comparación entre instituciones. Y este “cepo” informativo marca una diferencia sustancial con respecto a países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México, donde estos datos sí son públicos.

La literatura especializada señala que la publicación de notas por escuela o por estudiante puede -entre otros beneficios- alentar mejoras en el desempeño, pero también estigmatizar a quienes saquen las peores calificaciones. ¿Qué hacer entonces?

En busca de esa respuesta va el informe “Rankear o no rankear escuelas: ¿es esa la cuestión?”, del Observatorio Argentinos por la Educación y con firma del profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski.

Luego de comparar el acceso a la información educativa en los países de la región, el pedagogo se detiene en el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), de Brasil, como una medida superadora para garantizar el derecho a la información sin estigmatizar. El IDEB es un número que cada dos años le es asignado a cada escuela brasileña en función del resultado de pruebas estandarizadas y de la tasa de graduación anual. Incluso, la nota final de la secundaria puede determinar el acceso o no al nivel superior. De allí que sea necesario difundir los resultados de las pruebas, no sólo por escuela sino por alumno.

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¿Dónde está la diferencia? En que, como apunta Narodowski, los datos son corregidos por el nivel socioeconómico de los alumnos y las características sociales de la escuela. De esta manera, “es posible mostrar resultados por escuela sin estigmatizar por medio de un índice de referencia que permita ver logros y dificultades y que, como en el caso brasileño, sea construido con un principio de equidad”.

“Que cada escuela conozca los resultados de las pruebas me parece bárbaro, porque eso va a permitir trabajar en cada colegio las fortalezas y debilidades que uno tiene”, sostiene en diálogo con EL DIA el director de la Técnica Albert Thomas, Sergio Figuereido. Contrario a la idea de rankear instituciones, agrega: “Me parece que no corresponde la competencia entre mejores y peores, pero sí saber a nivel general si mejoramos o no”.

Con el foco puesto en el caso brasilero, Narodowski recuerda que “el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes y el nivel de escolarización alcanzado por los padres son grandes predictores del desempeño en pruebas estandarizadas”. En otras palabras, que los resultados “positivos” de una escuela pueden deberse a motivos sociales y no necesariamente a causa de la acción educacional de la escuela.

En este sentido, un ranking de escuelas con base en las pruebas Aprender -en las que entre un 13 y 25 por ciento de alumnos no responden-, sin contemplar los contextos sociales y recursos de cada alumno e institución no sólo implicaría “estigmatizar”, sino que además encerraría un “error técnico grosero”, advierte el ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires.

Para el director de la Secundaria Nº 59, de Gonnet, Gustavo Jara, “toda acción o gestión del Estado tiene que ser pública, pero sin nombrar a los menores”, y enfatiza: “No hay que temer a hacer un verdadero diagnóstico de lo que nos pasa, pero esto es algo a lo que deberían someterse todas las instituciones, principalmente la Justicia y el Parlamento”. Sin embargo, el director repara en un temor: “Que se quiera comparar a la escuela pública con la gestión privada, favoreciendo a esta última”.

Y es que, como se dijo, la competencia entre escuelas puede redundar en mejoras, pero también alentar la segregación. Las soluciones, concluye Narodowski, no llegarán por arte de magia, sino por el impulso de políticas públicas, serias y con rigor técnico en el uso y difusión de los datos.