Con voces a favor y algunos reparos, el protocolo por el aborto reabre el debate

La derogación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no sólo trazó una grieta política en el seno del Gobierno sino que reabrió el debate entre algunos médicos que planteaban sus dudas respecto a la objeción de conciencia que preveía la norma derogada y los que veían en ella un avance y hasta una manera de subsanar desigualdades.

Lejos del debate médico y ya en un plano más radical, la posición de distintos sectores de la Iglesia Católica no contempla siquiera la objeción de conciencia en los médicos y veían la normativa impulsada por el ahora ex secretario de Salud como un retroceso en su lucha “por defender las dos vidas”.

Esta última versión del protocolo ILE, hay que decir, volvía a incluir la posibilidad de la objeción de conciencia, dejando en claro que es un acto personal y no institucional, y que debía ser informada con anterioridad a los casos; además se volvía a indicar que la objeción no podía ejercerse ante una emergencia y que era responsabilidad del objetor informar y derivar la consulta.

Para Mercedes Lasaga, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de La Plata, “se puede entender siempre la objeción de conciencia personal, pero en algunos casos puntuales, como lo puede ser una violación o en el caso de que corra riesgo la vida de la madre, resulta entendible que no pueda haber una objeción de tipo institucional. Está claro que se deben contemplar los derechos de todos. Y el derecho de un médico a no querer practicar un aborto es algo que también se debe tener en cuenta”.

Ayer, mientras se conocía la renuncia del secretario de Salud (ver página 4), integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el colectivo Socorristas en Red y profesionales médicos repudiaron la derogación de la actualización del ILE, tras considerar que dicha resolución “era un paso adelante para subsanar desigualdades en las provincias”, además de “actualizar normativas nacionales e internacionales”.

“La resolución 3158/2019 implicaba un paso adelante porque si bien no creaba una nueva práctica, formulaba seguridad jurídica y se ponía al día con normas nacionales e internacionales”, señaló Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto en referencia al decreto 785/2019 publicado anteayer por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial, que anula la actualización del protocolo del miércoles.

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Bustamante refirió que la resolución “obligaba a todas las provincias a cumplir con la interpretación del nuevo Código Civil y Comercial (2015), el cual prohíbe la sustitución del consentimiento y plantea el principio de autonomía en personas con discapacidad, niñas y adolescentes de 13 a 16 años, ante una posible ILE en las primeras semanas, visto como procedimiento médico no invasivo”.

los procedimientos

De las 24 jurisdicciones argentinas, solo 11 adhieren al protocolo (Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y San Luis), 6 tienen uno pero restrictivo (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Neuquén y Río Negro) y 7 no poseen (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán), según publicó Economía Femini(s)ta.

Ademas, la integrante de la Campaña dijo que la normativa era positiva porque “se habla de la salud integral, no sólo la física, sino del completo estado de bienestar”.

Otra cosa que resaltó como fundamental fue que una vez solicitada la ILE, “los profesionales de la salud estaban obligados a garantizarla hasta 10 días después y de manifestar objeción de conciencia debía hacerse de inmediato y de forma individual, además de permitir que otro médico lleve a cabo la práctica”.

voces a favor

En tanto, el médico generalista, Emanuel Castellani, quien es jefe del centro de salud Cordones del Chapelco de la provincia de Neuquén, se sumó al repudio por la derogación de la 3158. “Es muy mal recibida la decisión oficial porque regirnos con el protocolo del 2015 puede llegar a retrasar o desalentar a equipos médicos que vienen realizando la práctica y pueden entrar en un terreno de incertidumbre”, señaló Castellani.

La médica cordobesa Nadya Scherbovsky, en tanto, de la fundación ECO y la cooperativa de salud Consultorio de Salud Integral, indicó que la derogación del protocolo “fue una maniobra política” y reafirmó su importancia para ordenar la práctica médica. “Es una vergüenza lo que sucedió, y creo que se trata de una maniobra política. Pero el protocolo anterior sigue vigente, ordena la práctica y es muy completo, además de que no nos modifica la práctica”, señaló.

En referencia a la actualización del protocolo derogado, dijo que “le daba legitimidad a la práctica y era más claro que el del 2015, pero ya existen leyes que establecen que la ILE sigue siendo un derecho, legal para algunos casos y es una práctica que debe garantizarse en hospitales públicos”.

Por su parte, el colectivo de Socorristas en Red, emitió ayer un comunicado manifestando también su repudio frente a la decisión oficial. “La derogación del protocolo es un abandono para quienes abortan, porque el tener rango ministerial subsanaba desigualdades existentes en las provincias e iba a dar otras posibilidades para exigir derechos reconocidos”, remarcó el documento. Y agregó que “generaría mejores condiciones de atención para niñas y adolescentes, considerando la última reforma del Código Civil”.

voces en contra

Como se dijo, lejos de cualquier postura conciliatoria o que contemple la posibilidad de realizar una interrupción de embarazo en casos puntuales como la violación de una menor -algo amparado por la ley-, en la Iglesia celebraban la postura del Gobierno de derogar el protocolo.

Días atrás, tal vez se recuerde, el arzobispo de La Plata Víctor “Tucho” Fernández le salió al cruce a recientes declaraciones de Alberto Fernández, quien anunció públicamente el pronto envío al Parlamento de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en todo el país.

“Siempre estuve en contra del aborto, desde que tengo doce años”, reveló Tucho Fernández, quien al defender su posición dijo que no actuaba “por ser conservador, misógino o machista”, sino porque “creo que esa niña que está dentro del vientre de su madre también tiene derechos”.

Los defensores del protocolo creen que la norma venía a actualizar pautas internacionales