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En la resolución judicial los camaristas, por mayoría, confirmaron que la procesada sería integrante de una “asociación ilícita”
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La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario para Eugenia Mercado, la secretaria del Tribunal de Casación Penal bonaerense detenida en el marco de la denominada megacausa y confirmó la calificación más gravosa en su contra: la de integrar una presunta asociación ilícita para favorecer a detenidos o imputados en causas penales a cambio de dinero.
En este expediente, en febrero último la Sala de Feria de la Cámara confirmó la preventiva dictada por la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, con votos del camarista Sergio Almeida, al que adhirió su colega Laura Lasaga, con la disidencia de la jueza María Oyhamburu. También se modificó el encuadre legal dado al caso.
De esta forma la imputación contra Mercado por su presunta participación necesaria en “asociación ilícita, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo agravado”, quedó solamente por este último delito, y como partícipe secundario, explicaron las fuentes.
La Cámara -agregaron- ante este nuevo encuadre legal, menos gravoso, entendió que se le debía conceder a Mercado el arresto domiciliario solicitado por la defensa, a cargo del doctor Juan Di Nardo y Héctor Granillo Fernández, que había sido denegado por la jueza Garmendia.
Además, señalaron que se dispuso que la medida se haga efectiva una vez que quede firme, pero como el fiscal general Héctor Vogliolo hizo reserva para recurrir a Casación, la imputada siguió presa.
En mayo último, la Sala V de Casación, a cargo de María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, revocó la decisión de la Sala de Feria y confirmó la calificación que había resuelto la jueza Marcela Garmendia.
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Entendieron que, al menos en esta instancia, hay elementos suficientes para imputarles al camarista de Casación suspendido en funciones a raíz de este caso, Martín Ordoqui, su secretaria Mercado y al sindicado operador judicial Enrique Petrullo el rol de partícipes de una asociación ilícita.
En un nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones, ahora integrada con otros jueces, se resolvió por mayoría -con votos de los jueces Fernando Mateos y Oyhamburu- mantener el encuadre legal más grave para Mercado y que por el momento siga en prisión en un establecimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), destacaron fuentes de Tribunales.
También explicaron que esa resolución contó con un voto en disidencia del camarista Raúl Dalto, que se inclinó en favor de la concesión del arresto domiciliario de Mercado, al plantear que se el debe imputar sólo el delito de “cohecho pasivo”.
La fiscal a cargo de la causa -Betina Lacki- y la jueza Garmendia no consideran conveniente la concesión de morigeraciones a los imputados de esta causa compleja, no tanto por el encuadre legal, como por los “riesgos procesales”.
“Pueden fugarse, pero, sobre todo, tienen los medios y contactos para entorpecer una investigación que está en curso o apretar a los testigos”, dijeron fuentes judiciales.
Además de Ordoqui, Mercado y Petrullo, fueron procesados la contadora Nora Pérez; Ariel Heine y Lidia Perna, quien semanas atrás pidió declarar como arrepentida.
Así lo hizo durante ocho horas, con información nueva sobre el mecanismo de acceso a fallos hechas a medida de los clientes. “Aportó datos sobre montos de dinero y regalos. Habló sobre los vínculos que entabló con Ordoqui, Mercado y también con otros operadores”, cuyos nombres no trascendieron pero se sabe que dos son de conocidos abogados.
Luego de esa declaración y constar, en parte, la veracidad de sus dichos, la jueza Garmendia aplicó por primera vez en la Provincia la figura del imputado arrepentido y le otorgó a la sospechosa la excarcelación.
La investigación comenzó a partir de maniobras ilícitas detectadas en la venta a de terrenos en el Conurbano, en la que se obtuvo información vinculada a supuestos manejos turbios en el tribunal platense.
Ordoqui, que ocupaba el cargo de presidente de la Sala V de Casación, está con una “licencia obligada” que dispuso (y renovó) la Corte bonaerense después de que estalló el escándalo de la organización delictiva que presuntamente dirigía el ex juez César Melazo, detenido en otra causa en la que el camarista también aparece mencionado.
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