Doce mil personas están internadas por causas de salud mental en el país

En Argentina 12.035 personas se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos y el promedio de tiempo de permanencia en esas instituciones es de 8,2 años, según el primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que fue realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, de acuerdo con los resultados del primer relevamiento de estas dimensiones que se realiza en el país y en América Latina, el promedio de edad de las personas internadas es de 50 años, el 60,4% no firmó un consentimiento informado para su internación y el 37,2% continúa alojado en hospitales psiquiátricos por problemas sociales y de vivienda. Asimismo, el 58% manifestó que tiene vivienda.

El censo fue llevado a cabo durante 2018 y 2019 en todas las instituciones públicas y privadas de Argentina con internación monovalente, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental, que había sido aprobada en 2010 y fue reglamentada tres años después.

“Necesitábamos información y este censo es un gran avance”, aseguró Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos de la Nación. Por su parte, Maureen Birmingham, representante en el país de la OPS y la OMS, calificó a la presentación de los resultados del censo como “un evento histórico para dimensionar la problemática de la salud mental en Argentina, que proporcionará insumos para la formulación de políticas que posibiliten la externación progresiva de estas 12.035 personas y lograr que sus vidas transcurran en la comunidad y con el ejercicio pleno de sus derechos”.

Según la representante de las entidades internacionales, “Argentina cuenta con una ley de salud mental que cumple con estándares internacionales muy destacados en materia de protección de los derechos de las personas y es un modelo y una inspiración para otros países de la región. Pero existe una importante brecha entre los aspectos contenidos en la ley y su implementación efectiva. Existe un enorme desafío y somos conscientes de que el país está avanzando y dando pasos concretos en ese sentido”.

Para los responsables del relevamiento, “los resultados muestran una realidad, son el reflejo de lo que sucede y esto nos obliga a actuar a todos, porque lo que realmente tiene que importar son los derechos de las personas con padecimientos mentales y en particular las 12.035 que hoy están internadas en instituciones monovalentes, porque nadie debe vivir en un hospital”.

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Desde la OMS se precisó que “en el mundo, alrededor del 30% de las enfermedades que generan alguna discapacidad están relacionadas con la salud mental y en los últimos 25 años el peso de esta problemática se duplicó. El personal especializado en salud mental es apenas el 1% del total a nivel global y los recursos económicos son ínfimos, representan solo el 2% del total del presupuesto de salud. Y peor aún, el 80% de esos escasos recursos son destinados al funcionamiento de las instituciones monovalentes que ya desde hace muchas décadas se sabe que no mejoran la situación de salud de las personas, ni generan inclusión y son violatorias de los derechos humanos”.

El censo, hay que decir, se llevó a cabo en 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público. De las 12.035 personas que permanecen en hospitales psiquiátricos, la mitad se encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de internación de los pacientes promedia como se dijo los 8,2 años (12,5 años en el sector público y 4,2 en el privado).

En lo que respecta a la identidad de género, el 49,1% se identificó como masculino, el 45,4% como femenina, el 0,5% intersexual, el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció como trans femenina o masculino. Por otra parte, el 68,8% de las personas internadas manifestó tener ingresos económicos, aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% manifestó que tiene vivienda, de los cuales el 74% dijo que puede disponer de la misma. Además, el censo determinó que el 36,4% de las personas que continúan internadas es por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, el 37,2 por problemas sociales y de vivienda y el 21,5% por otros motivos.