Sin vigilancia policial, sigue llegando gente y se extiende la usurpación en Villa Alba

Cruzado por múltiples urgencias y factores, el fenómeno de las usurpaciones de terrenos vuelve a aparecer en la periferia con una metodología impulsada por organizaciones mafiosas que se aprovechan de las necesidades y angustias de mucha gente. Como ocurre por estos días en Villa Alba, donde se extiende una masiva ocupación de un predio de al menos seis hectáreas en el que se instalaron el jueves último al menos 300 personas.

“Ya no hay vuelta atrás”, se lamentaban, ayer a la tarde, los vecinos históricamente radicados, quienes veían cómo, ante la casi total ausencia de vigilancia policial, continuaban llegando ocupantes a los lotes que se extienden en una franja de tierras que van de 602 a 604, entre 119 y 121 bis, en Villa Alba.

Cualquiera que recorriera ese sector de la Ciudad se hubiera encontrado ayer con un paisaje signado por un denso humo -producto de las quemas de pastizales- y con cientos de personas que -a machetazos- limpiaba los terrenos en los que procuran radicarse.

La descripción de lo que sucede por estas horas en el predio de Villa Alba -de propiedad privada- se parece a lo ocurrido durante las últimas ocupaciones masivas de terrenos: varios de los recién llegados se manejan con vehículos de apoyo, que les acercan materiales o herramientas.

En rigor, va en sintonía con lo que se viene observando con frecuencia cada vez mayor desde hace una década en las usurpaciones que se dan en la Región: después del primer “desembarco”, que suele incluir a mujeres y niños, llegan al lugar elegido camiones con materiales para montar casillas precarias, y herramientas para desmalezar y delimitar.

Las denuncias que involucran lotes privados puede hacerlas cualquier vecino

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En Villa Alba ya levantaron las primeras construcciones, muy precarias, y, al decir de los vecinos, comenzaron a extender algunos tendidos para conseguir energía eléctrica.

“No hay vigilancia. Solamente vino a la tarde un patrullero porque hubo una pelea entre los ocupantes. Pero nadie custodia el predio. Ayer (por el jueves) sí estuvieron tomando los datos de las personas instaladas. A la noche se escucharon tiros”, comentó una vecina del barrio que, por temor a sufrir represalias pidió que su nombre se mantenga en reserva.

Ahora se espera que actúe la Justicia en el marco dos actuaciones en las que intervienen la UFI N° 16 y la UFI N° 11.

EN EL RETIRO

Donde también seguían en alerta era en El Retiro, donde hace más de un año toma forma un asentamiento que surgió de una usurpación que entresemana intentaron extender hacia terrenos que pertenecen a la Escuela Agrotécnica Juan XXII. Se trata de las tierras que van desde 155 a 158 y 46 a 49 y que el establecimiento educativo destina a las actividades de huerta y granja de sus 170 alumnos. El miércoles a la noche, como se recordará, fue el blanco de un intento de ocupación que la Policía logró desaloja. Pero en la escuela siguen en guardia.

EL DESALOJO, uN ARDUO PROCESO

Como este diario ha explicado en un artículo anterior, requerir y lograr un desalojo puede resultar arduo, incluso para los propietarios que tienen todos sus papeles en regla. El damnificado, con un breve escrito, puede presentarse en la fiscalía de turno pidiendo un “desalojo preventivo”. El fiscal eleva la solicitud al juez y éste, si decide que es dable proceder, inicia el protocolo vigente al respecto, que tiene como objetivo tratar de evitar la expulsión violenta de los ocupantes y proteger a los menores involucrados.

De tal manera, se da traslado de la causa a diferentes organismos, que tienen cinco días para dar vista y adoptar las medidas que crean necesarias, y luego recién se intima a los usurpadores a marcharse pacíficamente. Sólo se utiliza la fuerza pública si no quedas alternativas.

Según señalan en Tribunales, los propietarios de las parcelas suelen obtener dictámenes favorables, aunque en la práctica la ejecución del desalojo suele encontrarse con diversas trabas. Si las tierras llegaran a ser de dominio público provincial, la Policía debería actuar de oficio, y correspondería al Fiscal de Estado bonaerense tramitar su desalojo. Fuentes judiciales destacan que las denuncias que involucran lotes privados puede hacerlas cualquier vecino, pero no le cabe pedir su desalojo; en esos casos es la Justicia la que opta por ordenarlo o no.