Juan Pablo “Pata” Medina, el que fuera amo y señor de la delegación de la Unión de los Obreros de la Construcción de La Plata (Uocra), está detenido desde aquella jornada en la que desde los balcones de la sede gremial de calle 44, amenazó con incendiar la Provincia.

Desde la detención de Medina, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita entre otros delitos, la seccional local del gremio de la construcción está intervenido. El normalizador, se sabe, es Carlos Vergara, un hombre del secretario general del gremio, Gerardo Martínez. Su misión era la de pacificar el gremio y terminar con las prácticas corruptas del clan Medina. Si su trabajo debe ser medido por los resultados alcanzados en el conflicto desatado entre trabajadores y empresa, en la destilería de Ensenada, va camino al fracaso.

Todas las fuentes coinciden en afirmar que desde hace un mes una facción de la Uocra que liderada por Brian Medina -un nieto del Pata- protagoniza casi a diario violentísimos incidentes frente a las puertas de la destilería de YPF sin que se encuentre el camino o la forma de ponerle coto a las actitudes patoteriles y cuasi delincuenciales que alientan.

Oficialmente todo comenzó, según afirman las partes, por una mala liquidación en las horas extras en los sueldos de más de un centenar de trabajadores contratados por la empresa Aesa, encargada de una serie de obras dentro del complejo de la petrolera.

Extraoficialmente, lo que se sabe, es que aquel conflicto por los salarios fue apenas el disparador para ventilar a través del caos y la violencia, la disputa motorizada por los esbirros del clan Medina para demostrar que en el gremio aun tienen mayor poder que la intervención.

La escalada de violencia suma, además, un inocultable costado político. El resultado de las elecciones primarias, tanto a nivel nacional como provincial, alientan las expectativas de ese individualizado grupo de violentos, sobre un cambio de signo político en el Gobierno, que favorecería la situación del detenido ex líder a quien imaginan en libertad y otra vez al frente de la Uocra local.

Y, lógicamente, en ese “hay que aguantar los trapos” para recuperar el poder, poco tienen que ver (o interesa) la real defensa de los derechos de los trabajadores que asisten, como damnificados y como invitados de piedra, a una interna en la que son utilizados con otros fines.

Lo llamativo del caso es que, un mes después de desatado el conflicto y como se dijo, con escenas de violencia que se repiten casi a diario, ni la intervención de la Uocra, ni el Ministerio de Trabajo de la Provincia, ni la empresa contratante de los operarios, hayan encontrado una vía de solución.

Lo que está en juego, finalmente, es la fuente de trabajo de 800 operarios y el sustento de sus familias. Pero, claro está, más allá de los discursos de compromiso y de las vanas promesas en las que pocos creen, de ellos nadie se acuerda.