Las prohibiciones de alimentos casi se triplicaron en los últimos tres años

Días atrás, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar preventivamente del mercado varios lotes de gaseosa Manaos Cola por presentar alteraciones en su composición. La medida se originó en una investigación realizada por la Unidad de Coordinación de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que daba cuenta de alteraciones en el olor y el sabor de esas partidas, cuyo consumo apareció asociado a casos de nauseas, diarreas y vómitos en la comunidad.

Además de instar a que la empresa Refres Now, la fabricante de Manaos Cola, comenzara a retirar del mercado nacional los lotes afectados, la disposición de la ANMAT alertó a los comerciantes y consumidores de esa marca para que se abstuvieran mientras tanto de vender o comprar esos lotes y, en caso de haberlo hecho, realizaran una consulta médica de presentar algún malestar gastrointestinal.

Aunque el sistema de vigilancia de alimentos funciona desde hace décadas en nuestro país, en los últimos años la cantidad de productos en los que se detectan anomalías potencialmente peligrosos para la salud pública es cada vez mayor. Mientras que en 2017 la ANMAT dictó unas 40 disposiciones de prohibición, en 2018 fueron 85, y el año pasado concluyó con alrededor de 110. En resumen, en el término de apenas tres años, el número de productos que debieron ser retirados del mercado casi se triplicó.

Como explican en la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos, el aumento en la cantidad de prohibiciones tiene que ver con una mejor comunicación entre los diferentes organismos de brotomatología y fiscalización que funcionan a lo largo del país como resultado de las nuevas herramientas digitales y el trabajo en red.

“En 2015, incorporamos una plataforma digital en la que autoridades sanitarias provinciales y nacionales comenzamos a compartir información sobre monitoreos e incidentes alimentarios. Los resultados de ese cambio se empezaron a materializar en los últimos años”, explican desde del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que depende de la ANMAT.

El fortalecimiento en el control de alimentos se debe a la creación del “Sistema de Información para la Vigilancia Alimentaria (SIVA), una red integrada con las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones, que hoy permite contar con información actualizada para una rápida y efectiva toma de decisiones en caso de riesgos para la salud”, explican desde su Programa de Comunicación Institucional.

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CÓMO FUNCIONA

Desde conservas con bacterias patógenas hasta productos “aptos para celíacos” que resultan contener gluten, los alimentos contaminados pueden causar más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Algunas de esas afecciones son tan frecuentes que se calcula que todas las personas sufrirán alguna intoxicación alimentaria en algún momento de su vida.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) cada año enferman en el mundo unas 600 millones de personas (uno de cada diez habitantes) por ingerir alimentos contaminados y 420 000 terminan muriendo por esa razón. Los más afectados son por lejos los lactantes, embarazadas, enfermos y ancianos, entre quienes las consecuencias de las intoxicaciones con alimentos no sólo resultan más frecuentes sino que suelen tener mayor gravedad.

Para minimizar este riesgo en nuestro país existe una Sistema de Información para la Vigilancia Alimentaria que coordina la ANMAT. Esta red, conformada por las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones nacionales, se ocupa de detectar los productos que no cumplen con el Código Alimentario Argentino e iniciar el trámite para su prohibición.

Estas anomalías suelen detectarse en los monitoreos que realizan las áreas de bromatología de municipios o provincias a partir de denuncias surgidas tanto desde la guardia de un hospital como desde organizaciones de defensa al consumidor o algún vecino en particular.

“Cuando recibimos una denuncia intentamos actuar inmediatamente y buscar precisiones: se le pregunta al que alerta de qué alimento se trata y dónde lo adquirió. En base a esa información un equipo de especialistas se acerca hasta el lugar en el que se elaboró o vendió el producto para revisar las condiciones higiénico-sanitarias, pero también para chequear que cuenten con las autorizaciones de habilitación y dialogar con los empleados sobre los procesos de elaboración”, detallan desde el INAL.

Si en esas inspecciones se detecta una infracción grave al Código Alimentario Argentino se puede inhabilitar al sitio para la elaboración o comercialización de determinados alimentos o clausurar y decidir el retiro de un producto. Un alimento se retira cuando hay un incidente alimentario; es decir, cuando se registra un evento que tiene consecuencias potencialmente dañinas para la población.

Si bien sacar un alimento de circulación es responsabilidad del fabricante, la ANMAT se ocupa de alertar a la población a través de publicaciones en el Boletín Oficial y supervisar que quien lo elaboró cumpla con el retiro a riesgo de sufrir la aplicación de fuertes multas por incumplir esa disposición.

Pese a las mejoras en los mecanismos de control de alimentos, desde el ministerio de Salud reconocen que es imposible fiscalizar todo lo que se comercializa, por lo que es importante apostar también a educar a los consumidores. En este sentido resaltan la importancia de adquirir alimentos sólo en locales habilitados y chequear que los productos tengan en su etiqueta el números del RNE (Registro Nacional de Establecimientos). Los especialistas recomiendan poner especial cuidado con las conservas húmedas caseras o semi industriales, como las mermeladas o algunos vegetales al escabeche, ya que por su tipo de preparación presentan un mayor riesgo de contaminación.