Un acampe inusual ante las restricciones para entrar a la Costa

Se sabe que en la gran mayoría de los balnearios de la costa atlántica las restricciones para ingresar a ellos y los controles previos exhaustivos, propios de la extensa cuarentena iniciada en marzo pasado, no sólo impiden la llegada de turistas sino, también, de aquellos que tienen casas o departamentos en los distintos balnearios y que necesitan verificar el estado en que se encuentran esos inmuebles.

El primer y más grave problema se tornó ostensible en los meses de julio y agosto pasados, cuando trascendieron detalles de la sucesión de robos y daños sufridos en no pocas de esas viviendas. Después de múltiples reclamos, ello derivó en que en algunos distritos, una vez constatada la situación, se les autorizara a los propietarios el ingreso con los protocolos sanitarios del caso.

Ahora, según lo detalló este diario en su edición de ayer, un número indeterminado de personas que querían ingresar hacia distintas localidades de la Costa, al no poder concretar ese propósito, decidió quedarse a dormir en la ruta a la espera de un permiso de paso. Centenares de propietarios de casas y departamentos, ante la disyuntiva de dar la vuelta sin haber podido avanzar hacia su destino, ni agotar las vías del diálogo, decidieron pernoctar a la vera del camino ante la posibilidad de que al día siguiente se les otorgara luz verde para llegar a sus propiedades y verificar el estado en que se encontraban.

Este inusual y espontáneo acampe se concretó en la ruta 11, en la rotonda de General Lavalle, en donde un retén policial impidió el paso, por razones sanitarias y cumpliendo instrucciones de las autoridades locales. Corresponde reseñar que, tal como lo declararon, muchos de los automovilistas que permanecieron allí sabían que sus viviendas habían sido vandalizadas y algunas de ellas también intrusadas, argumentos que quedaron relegados por las mencionadas razones de salud pública.

Se ha dicho que la pandemia presenta desafíos cambiantes, de compleja resolución. Desde luego que ante los brotes del COVID-19 ahora en el interior, es comprensible que las poblaciones estables busquen preservarse de posibles contagios. Pero también es natural y no carece de razonabilidad la intención de los propietarios –que en muchas de las localidades atlánticas son, en número, más que los residentes permanentes y, por consiguiente, forman la principal masa de contribuyentes locales- de poder comprobar el estado en que se encuentran sus domicilios.

Por otra parte, muchos de quienes aguardaban en el retén de Lavalle dijeron ver que se permitía el paso de personas que iban a la costa a pescar, mientras a ellos se les impedía esa posibilidad.

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Se sabe que en los últimos meses algunos partidos de la costa atlántica elaboraron protocolos para que los propietarios de inmuebles que no sean residentes puedan ingresar a sus viviendas, con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones.

Como se ha dicho siempre, se trata de ir ajustando las medidas y, en especial, contemplando los casos excepcionales. Para ello las autoridades locales debieran afinar los procedimientos y no oponer vallas infranqueables, por ejemplo, a quienes necesitan estar cerca de un pariente directo internado y gravemente enfermo o, como en este caso, para comprobar el estado en que se encuentran sus propiedades. En última instancia, los Municipios pueden –y están obligados a hacerlo- confirmar que esos visitantes de fin de semana cumplen con todas las medidas propias de la restricción de circulación y con los demás recaudos sanitarios.

Lo que no parece oportuno, sensato ni prudente es que los automovilistas decidan detenerse en las banquinas y pasen allí las noches. A medida que se acerque la temporada veraniega, de seguirse con los retenes, esas concentraciones de vehículos podrían multiplicarse y generar todo tipo de riesgos.