Los motines que se desataron el fin de semana en varias unidades penales del Conurbano y el interior bonaerense dejaron instaladas fuertes tensiones entre organismos de Derechos Humanos y el gobierno la Provincia, específicamente la conducción del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak.
Como se informó ayer, la Comisión por la Memoria salió a responsabilizar al SPB por las revueltas y pusieron el foco en las idas y vueltas con respecto a un anuncio para que los presos puedan volver a tener visitas, vedadas desde el inicio de la cuarentena por coronavirus, que fue uno de los disparadores de los motines.
Además, desde el organismo, hablaron de reacciones "motivadas en las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas detenidas por el accionar penitenciario y judicial".
Pero en las últimas horas, desde el organismo de Derechos Humanos que preside Adolfo Pérez Esquivel fueron más allá y salieron a acusar a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense de "promover, habilitar y ayudar" a un grupo de detenidos a tomar el control de algunas unidades penales.
La Comisión por la Memoria llevará hoy a la Justicia un video captado durante las revueltas en la Unidad 31 de Florencio Varela que, según dicen voceros del organismo, "muestra cómo penitenciarios promovieron los motines".,
Allí, se ve a un grupo de guardiacárceles ubicados en el Sector "A" del penal de Varela en actitud pasiva a pocos metros de donde detenidos habían colocado una escalera para llegar a los techos de la unidad, un típico movimiento en los motines carcelarios.
El video será aportado como prueba en la causa iniciada a partir de la denuncia de la CPM. "Distintas comunicaciones y testimonios de personas detenidas dieron cuenta que los hechos ocurridos el fin de semana fueron incluso promovidos por funcionarios penitenciarios que habilitaban a los detenidos a subir a los techos o, extrañamente, implementaron medidas que lo facilitaron. La justicia debe investigar que pasó", dicen desde el organismo.
"Los hechos se originaron por responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que informó el reinicio de las visitas luego de ocho meses de ASPO y un día antes dio marcha atrás con la medida. Está resolución sumada a la nula respuesta judicial frente a justos reclamos y pedidos de las personas detenidas, la demora en resolver morigeraciones y libertades, la suspensión de salidas transitorias y laborales, la nula atención sanitaria y de medidas adecuadas frente al COVID19 explican lo ocurrido", dicen desde el organismo.
La CPM también denunció que agentes del Servicio Penitenciario "quemaron las aulas universitarias en las unidades 31 y 48, y trasladaron a estudiantes universitarios de manera arbitraria; este acto demuestra que, en la práctica, no existe la decisión del SPB de promover el acceso a la educación".
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