Un cambio de gobierno no es motivo para remover a jueces o fiscales

Una vez más se habla de las presuntas presiones que ejercería el Gobierno bonaerense para concretar el desplazamiento del actual procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, en un tema que había tomado estado público a principios de este año, pero que quedó eclipsado por la irrupción de la pandemia.

Se trata de una cuestión institucional de primer nivel y, por consiguiente, su tratamiento merece, antes que otro tipo de análisis, consideraciones ajustadas al marco constitucional y legal que la rige.

Tal como fue reflejado en un artículo publicado ayer en este diario, el gobernador Axel Kicillof habría insistido en su alejamiento y esa intención se la habría planteado a su antecesora María Eugenia Vidal, en el contexto de las reuniones que ambos mandatarios están manteniendo, en especial en lo que se refiere al tratamiento de la ley de Presupuesto y de la ley impositiva del año venidero.

Fuentes de ambos sectores políticos, dignas de crédito, dieron por cierto que el Gobernador le planteó a Vidal la “necesidad” de que Conte Grand deje el cargo el Procurador, al que accedió durante la administración provincial anterior a cargo de Cambiemos, reemplazando a la ex procuradora María del Carmen Falbo.

Tal como se dijo ayer en este diario, la versión coincidente es la de que, frente al planteo de Kicillof, Vidal habría manifestado su rechazo. Pero que el Gobernador insistió: “No puede seguir en la Procuración alguien que formó parte de tu gobierno”, le habría dicho, en alusión a que Conte Grand fue secretario legal y técnico del gobierno de Vidal antes de ser designado Procurador, es decir jefe de los fiscales y defensores del Poder Judicial de la Provincia.

Por encima de toda valoración de tipo personal, lo que corresponde señalar es que la integración del Poder Judicial no puede ni debe cambiar cada vez que cambia un gobierno. Si se siguiera la argumentación que se habría esgrimido para pedir el relevo de Conte Grand, correspondería entonces aludir a la composición de la Corte de los últimos años que se vio integrada por tres ex secretarios de seguridad y dos ex secretarios de Justicia de un gobernador peronista que los designó durante su mandato y que existen casos similares anteriores correspondientes a gobernadores radicales o de otro signo político.

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El problema de fondo debiera radicar en comprender que la Justicia, a través de los jueces que la conforman, debe cumplir roles instituciones que son prioritarios y de enorme relevancia, tanto en lo que se refiere a su función de resolver litigios entre ciudadanos como a intervenir como control y garante de las libertades y derechos de las personas, frente a los eventuales excesos de los otros órganos del Estado. En este último sentido, el magistrado existe para examinar los actos de gobierno y la conducta de los funcionarios.

Son la Constitución y las leyes las que fijan el procedimiento de remoción de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público, que sólo se puede instrumentar a través del mecanismo del juicio político por las causales de mal desempeño o mala conducta que se le puedan imputar. Las otras variantes contempladas son la renuncia voluntaria o el fallecimiento.

Pero no es –no lo puede ser, de ninguna manera- el mero cambio político de gobierno una razón que justifique el relevo de ningún magistrado. Promover esa alternativa equivale a descalificar la división de poderes, uno de los principios más relevantes del sistema democrático y republicano que debe ser defendido a todo trance.